Recurso
Un informe pericial acredita que la tercera tanda de la última oposición de administrativo del Gobierno de Navarra tuvo una dificultad superior a las otras dos
26 opositores presentan un recurso de alzada conjunto, asistidos por abogado, tras obtener un informe pericial que acredita que las condiciones de dificultad de las tres tandas no fueron equivalentes


Publicado el 22/09/2026 a las 09:14
Un informe pericial independiente, encargado y sufragado conjuntamente por un grupo de opositores, concluye que la tercera tanda de la prueba práctica realizada el 10 de mayo de 2026 en el proceso de oposición a administrativo del Gobierno de Navarra tuvo una dificultad superior a la de las otras dos tandas.
El pasado mes de julio, 26 opositores afectados por la situación de desigualdad en la 2ª prueba de la oposición, tras presentar alegaciones a los resultados provisionales de dicha prueba sin obtener respuesta, decidieron encargar un análisis pericial específico de las tres tandas con el objetivo de determinar técnicamente si las condiciones de realización habían sido equivalentes.
En el resultado del informe pericial queda acreditado que la dificultad de la tercera tanda fue superior, aportando un análisis técnico de las diferencias existentes entre las pruebas.
A la vista de estas conclusiones, las 26 personas opositoras han presentado un recurso de alzada conjunto, asistidas por un abogado y acompañado del informe pericial, para que esta circunstancia sea examinada dentro del procedimiento administrativo.
A día de hoy, a pesar de las claras conclusiones del informe, el Gobierno de Navarra no solo no ha dado respuesta al recurso de alzada presentado, sino que ha continuado adelante con el proceso, fijando incluso la fecha para la toma de posesión de las plazas por parte de los nuevos funcionarios y sin esperar a que el plazo de respuesta establecido legalmente haya expirado.
Los opositores afectados consideran que se han vulnerado sus derechos al no haberse garantizado unas condiciones de evaluación acordes con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso selectivo.