La UTE de Belate, formada por Acciona y Construcciones Osés, ha trasladado al Gobierno de Navarra su “total disposición a colaborar en la búsqueda de la mejor solución”, según un portavoz de la unión temporal de empresas. Esta fuente no aclara si la empresa seguirá defendiendo el abono de los 8,5 millones del modificado. Apunta que dependerá del planteamiento del Gobierno.

Esa actitud colaborativa se presenta como esencial para agilizar la rescisión del contrato y poder licitar uno nuevo. En primer lugar, el director facultativo debe realizar una propuesta de liquidación, con los trabajos realizados hasta ahora y sus precios. Es una tarea sencilla porque ya se han pagado las certificaciones (facturas) hasta junio y desde entonces apenas ha habido actividad. Está bastante claro qué se ha hecho y qué falta por hacer. Las discrepancias pueden venir con los precios, vistos los precedentes con el polémico modificado de los 8,5 millones.

Óscar Chivite explicó el miércoles que a fecha de 28 de julio ha ejecutado “nuevas unidades no recogidas en proyecto por un importe de 9.009.770 euros que no se han incluido en las certificaciones”. Es decir, el modificado ha crecido ligeramente. Una parte de esos 9 millones corresponden a materiales colocados en el túnel y a trabajos efectivamente realizados pero más de la mitad son suplementos a unidades que ya tienen su precio en el contrato, como las cerchas, el hormigón o el volumen de roca excavada.

La UTE Acciona-Osés presentó un recurso de alzada contra las certificaciones abonadas desde mayo de 2025 por no recoger los sobrecostes. El departamento de Obras Públicas no resolvió dichos recursos en plazo sino que buscó, sin éxito, otra fórmula para pagar los sobrecoste. Ahora los recursos se entienden desestimados por silencio administrativo. La UTE de Belate tiene la opción de recurrir al contencioso-administrativo. No hay plazo para hacer.

La “disposición a colaborar” con el Gobierno de Navarra entierra de momento la vía contenciosa. Los socios de María Chivite y EH Bildu ya han advertido que estarán vigilantes para que en el proceso de rescisión del contrato no haya nuevas tentaciones de pagar a la UTE los sobrecostes que tanto la Intervención como la Asesoría Jurídica han puesto en entredicho.