El Gobierno de Navarra tenía un plan que ha llevado discretamente para pagar a la adjudicataria de las obras del túnel de Belate -Acciona y Osés- los 8,35 millones de euros que no pudo cobrar porque la Intervención General dictó un reparo suspensivo. Consistía en recurrir a la figura del enriquecimiento injusto, utilizada habitualmente en contratos caducados o para regularizar encargos al margen de la Ley Foral de Contratos Públicos. Sin embargo, la propia Asesoría Jurídica del Gobierno ha tumbado esta vía, según un informe que recibió el Ejecutivo de María Chivite el pasado lunes. 

Este duro revés coincide con un momento muy delicado en la marcha de las obras, que están prácticamente paralizadas desde finales de junio. “Ningún escenario está descartado”, admitió el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que compareció este miércoles en rueda de prensa junto al vicepresidente y portavoz, Javier Remírez.

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El informe de la Asesoría Jurídica echa por tierra nueve meses en los que el Gobierno foral repetía que estaba trabajando en buscar una “fórmula jurídica” para abonar a la adjudicataria los trabajos realizados al margen del pliego del contrato. 

Hasta ahora se pensaba que el “expediente que se estaba armando” era un nuevo modificado que recogiera los sobrecostes que sí estén justificados, como las depuradoras, piezómetros o emboquilles. Sin embargo, Chivite ha admitido que ni se paralizó el primer modificado ni se impulsó uno nuevo. “En este momento estamos redactando, como consecuencia de este informe, la paralización del modificado uno”, dijo este miércoles. Por tanto, la situación vuelve a la casilla de salida del mes de diciembre. Ni Remírez y Chivite avanzaron posibles soluciones.

El consejero de Cohesión Territorial afirmó que la obra “es irrenunciable” pero admitió que el revés jurídico sufrido va a obligar a “revisar desde el punto de vista técnico” los trabajos pendientes en el túnel. El pasado 19 de junio se hizo el cale o conexión de las dos bocas. Estaba previsto que comenzara entonces la destroza, es decir, la excavación de 2,5 metros de profundidad a lo largo de los 2.800 metros de galería. Esta fase tiene una duración de seis meses. Sin embargo, desde finales de junio sólo se han hecho trabajos de mantenimiento. No se ha excavado ni un metro cúbico. Chivite admitió que hay trabajo de oficina pero no hay obreros sobre el terreno.

Remírez explicó que el Gobierno foral recibió el lunes el informe de la Asesoría Jurídica y que ya ha informado de la situación a sus socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Además, este jueves se reunió con las dos empresas de la UTE, Acciona y Excavaciones Osés, “que han mostrado su predisposición a buscar un acuerdo”.

El Gobierno de Navarra ha pagado ya 39 millones a la adjudicataria por los trabajos realizados desde el inicio de las obras, en abril de 2024 hasta el cale del túnel, en junio de 2026. La adjudicataria ha recurrido las certificaciones abonadas desde mayo de 2025.

Los 8,3 millones que el Gobierno de Navarra pretendía abonar a la UTE de Belate corresponden a los sobrecostes que fueron incluidos en la tramitación del modificado número uno del proyecto y que la Intervención General fiscalizó con un reparo suspensivo. Su conclusión era clara: “Carece de los requisitos legales previstos en la normativa de aplicación, pudiendo la misma causar quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra”. El auditor de la Cámara de Comptos, en su informe de discrepancia, también llegó a la misma conclusión.

El Gobierno de María Chivite acató el reparo suspensivo pero decidió continuar las obras mientras buscaba un encaje jurídico para pagar las cantidades. Entre los 8,35 millones figuran el nuevo modelo de cercha que ha instalado la UTE (tres veces más caras), los polvorines y varios complementos por pérdida de rendimiento en la excavación de la galería.

La Intervención General advirtió que ni los polvorines, ni los cambios en el sistema de excavación y sostenimiento del túnel podían justificarse por imprevistos o por requerimientos, como decían los informes de la dirección de obra, sino que respondían a la conveniencia de la adjudicataria. También consideró injustificado un suplemento de 55 euros por cercha (se han puesto más de 35.000) por su transporte al interior del túnel y otros suplementos por metro cúbico de roca excavada que convertían un ahorro de 7 millones en un sobrecoste de un millón.

Remírez insistió en que el Gobierno no va a hacer abonos “sin cobertura jurídica”. “Pero eso no significa que el Gobierno desconozca los trabajos realizados o que haya decidido no atender aquello que legalmente le pueda corresponder”, añadió. De esta forma, asumía el 100% de las pretensiones económicas de la UTE de Belate a pesar de las advertencias de la Intervención General.