Con dos décadas de experiencia en el ámbito laboral, Ainhoa Martín Chamarro conoce de cerca el calvario administrativo de quienes, tras una vida de trabajo, ven cómo su salud les impide continuar. Desde su despacho de Pamplona, observa un endurecimiento de los criterios del tribunal médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social a la hora de conceder una pensión por incapacidad permanente. Pero, sobre todo, destaca que la demora en los plazos provoca una “espera agotadora” para los afectados. A su consulta acuden, sobre todo, trabajadores que han visto rechazada su solicitud para cobrar una pensión de incapacidad por vía administrativa.

 ¿Cuál es el principal obstáculo que se encuentra hoy un trabajador navarro que necesita solicitar una incapacidad? 

Sin duda, la lentitud. El proceso se ha enlentecido muchísimo. Hace unos años, el trámite entero no llegaba al año; ahora estamos perfectamente entre el año y medio y dos años largos. Hay una especie de colapso en la Seguridad Social desde el covid que no se ha logrado solucionar. Y a eso se suma que los juzgados también están con multitud de trabajo. Además, tengo la sensación de que los juzgados no consideran los temas de incapacidades como prioritarios a la hora de agendar las fechas de los juicios.

Cuando una persona solicita que el tribunal médico la evalúe, la ley marca un plazo de seis meses. ¿Se cumple? 

Para nada. Hace tres o cuatro años, se evaluaba a la persona de forma rápida, en dos meses, pero ahora no se cumplen esos seis meses. Además, hay que presentar escritos diciendo que no te han dado cita, que estás a la espera... Es una situación muy complicada porque la Seguridad Social casi ni contesta a las reclamaciones.

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 ¿Qué consecuencias tiene este retraso para una persona que está enferma?

 A veces, muy duras. La Seguridad Social está denegando incapacidades que son de cajón y que luego los jueces acaban concediendo en lo tribunales. Esas denegaciones obligan a gente que no puede trabajar a volver a su puesto a la espera de una sentencia que puede tardar dos años. Si el retraso fuera de unos meses se puede trampear, pero dos años de espera es absolutamente agotador para el trabajador y algunos acaban dejando su empleo. 

¿Hay enfermedades que, en general, la Seguridad Social tiende a rechazar por sistema pero que los jueces sí reconocen? 

Sí, las migrañas son el ejemplo reciente. La Administración las suele denegar, pero cuando llegan a los juzgados, los jueces ven que una persona con 22 o 23 crisis al mes no puede trabajar en nada e imponen la incapacidad absoluta. También veo muchos casos de personas con problemas de espalda y de lumbares, musculoesqueléticos, que acaban siendo reconocidos como incapacidad en los juzgados.

 ¿Cómo se consideran los temas de salud mental? 

En salud mental los criterios son muy restrictivos. Los juzgados suelen comprar el argumento de que trabajar puede ser positivo para la recuperación de una depresión. Muchas veces puede ser pero muchas veces, no. A menos que sea un caso de depresión mayor crónica muy grave es complicado obtener la incapacidad. 

¿Y el cáncer? La mortalidad en muchos de ellos se ha reducido.

Con el cáncer ha cambiado la perspectiva. Ya no basta con la palabra cáncer para que se predispongan a favor. Ahora se miran mucho las secuelas reales y se revisan los expedientes aprobados por incapacidad cada dos años aproximadamente para ver si hay mejoría.

¿Qué otras patologías o situaciones ve en su despacho que le preocupen? 

Me preocupa mucho el tema de la fibromialgia porque veo muchas mujeres, en su mayoría muy incapacitadas. Hace unos años, sí que se concedía la incapacidad en los juzgados, no así en la Seguridad Social. Hubo un cambio de criterio en los juzgados y ahora es muy difícil conseguir una incapacidad aun cuando los médicos dicen que tiene los 18 puntos gatillo de dolor, el tope. Y hay que cambiar eso, porque muchas mujeres se quedan desprotegidas.

 Los accidentes laborales crecen. ¿Falta concienciación?

Es que muchas incapacidades se podrían evitar. ¿Cómo? Invirtiendo más en prevención de riesgos laborales. Muchas veces, cuando hablas con el afectado, ves que ha trabajado en condiciones que no eran del todo sanas o seguras. Si las empresas se enfocaran más en eso, especialmente en problemas físicos, tendríamos menos solicitudes de incapacidad.

 ¿Qué consejo da a quien esté pensando en iniciar este proceso? 

Que se asesore desde el inicio. Muchos vienen cuando ya les han denegado la solicitud, pero es mejor ir de la mano de un abogado para hacer bien todos los trámites.