Diario de Navarra

La Junta de Contratación Pública de Navarra ha publicado un dictamen en el que concluye que una parte de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (los títulos II y III) no se aplica a las sociedades públicas, consorcios, fundaciones y otros entes públicos. Zanja así una polémica jurídica que surgió a raíz de un duro informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) sobre la adjudicación de 62 VPO a la UTE Acciona-Servinabar. La OANA concluyó que dicho contrato era nulo de pleno derecho porque la sociedad pública Nasuvinsa incumplió numerosos preceptos legales, como la ausencia de actuaciones preparatorias, ausencia de presidente o secretario o la ausencia de propuesta de adjudicación. El dictamen de la Junta supone un revés para las tesis de la OANA y avala la postura de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra, que redactó un informe donde expresaba su desacuerdo. VOTO PARTICULAR No obstante, el dictamen de la Junta no es unánime y cuenta con un voto particular de Gonzalo Pérez Remondegui, letrado que formó parte de la mesa de contratación de Belate. Este letrado afirma que la literalidad de la ley no es tan clara y que si se combina con otras normas de la legislación básica del Estado, se concluye que muchos de los preceptos del título II y III sí se aplican a las sociedades públicas. Cabe recordar que fue Pérez Remondegui quien aconsejó a entonces director de Obras Públicas, Pedro López, acudir a la Junta de Contratación a raíz de los votos particulares y el reparo del interventor en la adjudicación de Belate. No lo hizo sino que optó por firmas la propuesta de adjudicación. La Junta de Contratación aclara que el dictamen no analiza ningún caso concreto sino que responde a una duda general. No obstante, la consulta sobre este tema fue formulada a raíz de la discrepancia surgida por la promoción de VPO de Servinabar. Fue el consejero de Economía y Hacienda, Juan Luis Arasti, quien hizo la consulta, al parecer a instancias de la Corporación Empresarial Pública (CPEN), que aglutina a una veintena de sociedades. Los responsables jurídicos de estas empresas públicas querían tener clara la aplicación de la norma. “Siempre hemos funcionado así porque para nosotros está clara la interpretación de la norma, pero si la Junta de Contratación dice lo contrario no nos da ningún repelús aplicar el título II y III”, expuso en la comisión de investigación Jorge Aleixandre Micheo, director jurídico de la CPEN. SOCIEDAD Y CRÍTICAS Precisamente, la proliferación de sociedades públicas en esta legislatura (Bidean, Nafarbide, INI...) ha levantado críticas desde la oposición, al sospechar que el Gobierno foral pretende eludir controles más que mejorar la gestión pública. En su dictamen, la Junta expone que el título II de la Ley Foral de Contratos (normas específicas de los contratos que celebran las Administraciones Públicas) “delimita expresamente su ámbito sujetivo”y cita entre otros, la “competencia” en los contratos, la función interventora, interpretación, suspensión o invalidez de los contratos. En su voto particular, Pérez Remondegui defiende que el dictamen es “incompleto” porque concluye la “inaplicabilidad del título II pero obvia que aún así son aplicables a las sociedades públicas las mismas actuaciones preparatorias que se recogen en el citado título para las Administraciones Públicas porque ya están contempladas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Según esta ley, a las empresas públicas también se le exige un informe jurídico, económico o de reserva de crédito, entre otras cuestiones preparatorias.

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La Junta dicta que parte de la ley de contratos no se aplica a empresas públicas

El órgano zanja la controversia surgida tras el informe de Anticorrupción que consideraba nula una adjudicación de VPO de Nasuvinsa a Servinabar

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