Las asignaciones que el Parlamento navarro da a los grupos de la Cámara son la principal fuente de financiación de sus respectivas formaciones políticas y, aunque eso es legal, siguen bajo la lupa. 

La ley nacional de Financiación de los Partidos contempla entre los recursos con los que pueden contar las aportaciones que reciben de sus grupos en las Cortes, parlamentos autonómicos o en las administraciones locales. No obstante, los órganos de control del gasto público han puesto estos años el foco en ese traspaso, exigiendo mayor transparencia y justificación del destino de ese dinero. Así lo hizo la Cámara de Comptos, lo que implicó que los grupos del Parlamento navarro y sus partidos firmen convenios sobre los servicios que estos últimos prestan a cambio de la cantidad económica que reciben.

El servicio de Intervención y Asuntos Económicos del Parlamento, que verifica que los grupos cumplen todos los requisitos formales en sus cuentas, constata en su informe sobre las de 2025 que así se ha hecho, pero plantea algunas mejoras. Así, señala que los convenios entre los grupos y sus formaciones políticas contienen referencias “amplias y poco específicas” sobre los servicios que prestan los partidos. Recuerda que el Tribunal de Cuentas ha advertido “reiteradamente” sobre la necesidad de dotar de “mayor claridad y precisión” al régimen jurídico de estas aportaciones.

La Intervención incide en que esos convenios deberían incorporar una cuantificación expresa del valor económico de las prestaciones y los servicios que los partidos dan a los grupos, conforme a precios de mercado, lo que contribuiría a “reforzar la eficiencia, transparencia y adecuado control en la gestión de los recursos públicos”.

Recuerda que quien fiscaliza los gastos de los partidos es el Tribunal de Cuentas nacional. El servicio de Intervención señala que su trabajo está limitado a comprobar que se cumplen los requisitos formales, pero agrega que el actual modelo no permite extender las actuaciones de fiscalización a la valoración de la documentación justificativa que sustenta la contabilidad de los grupos parlamentarios, quedando así un ámbito de comprobación “no cubierto”. Pide en este sentido un cambio normativo.

EL 99% DEL DINERO DE LA CÁMARA VA A LOS PARTIDOS

La Cámara gastó en 2025 de su presupuesto 3,1 millones en las asignaciones a los grupos. Son fondos que deben estar destinados a los gastos de funcionamiento, organización, personal y actividad de estos. Ese dinero está al margen de los sueldos y dietas que perciben los parlamentarios y de los salarios de los asistentes a los que tienen derecho los grupos (cuya contratación paga el Legislativo) y cuyo coste sumó otros casi 3,1 millones.

El año pasado, según la información que ha hecho pública el Parlamento, los grupos traspasaron a sus respectivos partidos 3 millones de euros, el 98,9% de lo que el Legislativo destinó a estos.

Las asignaciones de la Cámara están compuestas, por una parte, por una cantidad fija, que el año pasado fue de 105.606 euros, que recibe cada grupo, tanto UPN, con 15 parlamentarios, como el grupo mixto que integra solo el parlamentario de Vox. A esa cifra se añaden las subvenciones variables, ya que dependen de los escaños que tiene cada grupo.