Administración pública
Los 25 litigios con las reclamaciones más altas al Gobierno de Navarra: el paralizado proyecto de Aroztegia, en cabeza
Hay 25 procesos por diversas causas que demandan a la Administración foral en total más de 81,5 millones
Publicado el 03/08/2026 a las 05:00
La Administración navarra debe tener en cuenta al diseñar sus ingresos y gastos anuales los pleitos pendientes, esencialmente, aquellos con importantes reclamaciones económicas que, en caso de una sentencia en contra, debe abonar. Por eso, incluye en sus cuentas anuales las demandas sin sentencia firme por más de 300.000 euros.
El pasado 27 de mayo tenía pendientes 25 procedimientos, en los que se le pide en total más de 81,5 millones de euros. Incluyen litigios por diferencias en materia fiscal, otros relacionados con subvenciones y ayudas, y reclamaciones económicas por daños y perjuicios.
Tres de ellos, que suman la cuantía más relevante, tienen que ver con el proyecto de Aroztegia. Promovido por emprendedores vinculados al valle de Baztan, consistía en un hotel con balneario y spa, campo de golf y área residencial para más de 200 viviendas en Lekaroz. Las protestas y sabotajes que se sucedieron en abril de 2021 lo paralizaron.
En 2022, el Gobierno navarro desestimó las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial que presentaron Hotel Palacio de Arozteguia S.L., Palacio de Arozteguia S.L. y la Junta de Compensación. Estas entidades recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Piden una compensación por los daños sufridos por no haber podido ejecutar el PSIS del área de Aroztegia en Lekaroz, algo que atribuyen a la, a su juicio, “inactividad” de la Administración navarra y en concreto de la Policía Foral, ante los actos de sabotaje a las instalaciones y maquinaria de las obras (también atribuyeron esa inactividad a la Administración del Estado y la Guardia Civil, pero la Audiencia Nacional lo desestimó).
El pasado mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra estimó parcialmente las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reconoció a las tres entidades un derecho al cobro por indemnización de alrededor de 18 millones de euros, según informó el Gobierno de Navarra, que anunció su intención de recurrir las tres sentencias ante el Tribunal Supremo.
MACROGRANJA DE CAPARROSO, 3,7 MILLONES
Otro proyecto en el que hubo una cuantiosa reclamación a la Administración (19.199.000 euros) fue el interpuesto por Valle de Odieta S.C.L. en relación con la conocida como macrogranja de Caparroso. Los hechos se remontan al año 2018, cuando el Gobierno de Navarra le denegó una autorización ambiental para ampliar sus instalaciones y pasar de albergar 3.450 vacas a 7.200.
La empresa recurrió y el TSJN estimó parcialmente su recurso, reconociendo su derecho a que se le hubiera otorgado por parte del departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo la citada autorización, por lo que este tuvo que modificarla. La mercantil reclamó en diciembre de 2021 al Gobierno navarro una indemnización por los daños que esa denegación le había ocasionado.
El director general de Medio Ambiente acordó en agosto de 2023 desestimar esa petición. La empresa impugnó esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Cuando la Sala de lo Contencioso todavía no se había pronunciado, desde el Gobierno foral se dictó en noviembre de 2025 otra resolución en la que, a la vista del dictamen del Consejo de Navarra (su máximo órgano consultivo) y del informe técnico de la empresa pública INTIA (que depende del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente), reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración foral por denegar “indebidamente” la autorización ambiental y fijó para Valle de Odieta una indemnización económica de 3,7 millones de euros.
La Sala decidió continuar el proceso, y analizar la única cuestión que quedaba pendiente de dilucidar, que era la cuantía de la indemnización.
En febrero, el TSJN estimó parcialmente el recurso de Valle de Odieta y fijó la indemnización en los 3.751.753 euros que planteó el Ejecutivo, sentencia que completó en abril condenando a la Administración a abonar esa suma actualizada con los intereses de demora devengados desde el 28 de diciembre de 2021 (fecha en la que la empresa solicitó esa indemnización a la Administración), hasta su completo pago.
OTROS RIESGOS:PEAJE EN SOMBRA, COMPROMISOS DE GASTO FUTURO, AVALES E IVA GLOBAL
Las grandes reclamaciones pendientes forman parte de las cuentas anuales de Navarra, dentro de lo que denomina “Riesgos y contingencias”, por ser posibles pagos a los que se puede enfrentar la Administración foral.
Entre esos “riesgos y contingencias” está también el canon que debe ir abonando cada año por las obras que se financiaron mediante los llamados peajes en la sombra. El adjudicatario de la obra la financia y luego la conserva y explota durante un plazo en el que el Gobierno abona una cantidad por el uso de esa infraestructura. Por estar vinculado a ese uso, la cuantía del canon es incierta y por eso se realizan en las cuentas unas previsiones.
Mediante este sistema se han financiado las zonas regables del Canal de Navarra (1ª fase) y la ampliación de la 1ª fase, y las autovías del Camino (A-12) y del Pirineo (A-21). Este año la previsión es que el coste del canon por estas cuatro obras ascienda a 126,6 millones de euros en total.
En riesgos y contingencias también se incluyen los avales recibidos y concedidos por la Administración; los compromisos de gasto para los próximos años que tienen los distintos departamentos del Gobierno, y el IVA global. Este último concepto recoge las declaraciones presentadas en la Administración, con resultado favorable al contribuyente, pero cuya compensación o devolución no ha sido solicitada por este, y ese plazo caduca en ocho años. El saldo a 31 de diciembre de 2025 por este concepto asciende a 89,4 millones de euros, detallan las cuentas.
Los presupuestos de cada año incluyen una cantidad prevista para contingencias que se suele reducir durante el debate presupuestario de enmiendas. El motivo es que los grupos parlamentarios cuando proponen nuevos gastos no previstos en el proyecto, deben especificar de dónde se obtendría ese dinero y suelen recurrir para ello a esta partida.
RECLAMACIONES JUDICIALES AL GOBIERNO DE NAVARRA POR MÁS DE 300.00 EUROS
Reclamaciones pendientes a 27 de mayo de 2026 (fuente:Cuentas de Navarra 2025)
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
1. SUBVENCIONES Y AYUDAS
- Discrepancias con Cultura sobre el cumplimiento de los requisitos para una deducción en el Impuesto de Sociedades por 811.371 euros. La Sala de lo contencioso-Administrativo lo desestimó en una primera sentencia (8-10-2024) y la empresa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hubo una providencia de inadmisión (5-2-2026) e inadmisión de incidente (18-5-2026).
- Procedimiento de la empresa Agriderma SL por 856.638 euros que tiene su origen en una resolución del director general de Agricultura sobre, según se indica, unas cantidades “indebidamente percibidas en concepto de pago básico, pago para prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente y pago complementario para jóvenes agricultores” realizadas con cargo al Fondo Europeo agrícola de garantías, abonadas en las campañas de 2015, 2016, 2017 y 2018. La mercantil recurrió la orden foral del consejero de Medio Ambiente que desestimó su recurso.
2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA
-Hay 3 procedimientos abiertos en los que se reclaman distintas cantidades por presuntos daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria del Servicio Navarro de Salud. En uno de ellos se piden 3.073.529 euros (cuenta ya con una sentencia desestimatoria del 15-5-2026), en otro 325.374 euros y en el tercero, 300.000 euros. En total, 3.698.903 euros.
- Hay una reclamación por 523.216 euros por presuntos daños y perjuicios ocasionados por lesiones por la realización de la prueba PCR-covid.
3. OTROS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
-Se presentaron varios procedimientos ante el TSJN relacionados con la paralización del proyecto de hotel, campo de golf y área residencial de Aroztegia que se iba a llevar a cabo en Lekaroz, en contra de la resolución que desestimó las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración foral, los dos primeros en 2023 y el tercero, en 2024:
a. Por 1.149.149 euros, interpuesto por la Junta de Compensación del PSIS del Palacio de Arozteguia.
b. Por 18.895.851 euros, de Palacio de Arozteguia S.L.
c. Por 26.244.496 euros, interpuesto por Hotel Palacio de Arozteguia S.L.
Sentencia y recurso. El Gobierno informó el pasado 1 de julio que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en tres sentencias, le atribuye responsabilidad patrimonial en los daños al proyecto, estimando parcialmente las reclamaciones y condenándole a pagar alrededor de 18 millones de euros en total. El Ejecutivo va a recurrir ante el Tribunal Supremo las tres sentencias en casación.
- Procedimiento por 630.025 euros, interpuesto por R.J.G.A. relacionado con una reclamación inadmitida de responsabilidad patrimonial presentada contra la Administración. Hay una sentencia desestimatoria que el recurrente ha apelado.
- Procedimiento por 19.199.000 euros, interpuesto por Valle de Odieta S.C.L. en relación con la conocida como macrogranja de Caparroso y la indemnización que reclamó, después de que en 2018 se le denegara la autorización para ampliarla de 3.450 vacas a 7.200 y que en 2021 el TSJN estimara parcialmente su recurso, reconociendo su derecho a esa autorización.
Sentencia. En febrero la Sala estimó parcialmente el recurso de Valle de Odieta y fijó la indemnización en 3.751.753 euros, sentencia que completó en abril condenando a la Administración a abonar esa suma actualizada con intereses de demora.
4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
Hay 12 procedimientos ordinarios abiertos con reclamaciones que superan los 300.000 euros. Suman en total demandas por 9.106.657 euros:
- Procedimiento por 4.198.083 euros relativo al Impuesto de Sociedades de 2012 a 2016 e IVA de 2013 a 2016. Pendiente de admisión recurso de casación autonómico.
- Proceso por 304.491 euros por la tributación del IRPF del año 2010. Proceso suspendido desde septiembre de 2022.
- Procedimiento por 673.958 euros relativo a la tributación por el Impuesto de Sociedades e IVA de los años 2014 a 2018. Hubo una sentencia desestimatoria en marzo de 2025, luego otra sentencia de apelación desestimatoria y en marzo se presentó un recurso de casación.
- Proceso por 385.898 euros relativo al Impuesto de Sociedades e IVA de los años 2016 y 2017. Hubo una sentencia desestimatoria en marzo de 2025, luego otra de apelación desestimatoria , y en marzo se presentó recurso de casación.
- Procedimiento por 305.513 euros en relación con una derivación de responsabilidad solidaria respecto de deudas pendientes de pago de una mercantil. Hubo una sentencia desestimatoria en julio de 2025, luego otra sentencia de apelación desestimatoria y en marzo se planteó recurso de casación.
- Proceso por una cuantía de 361.235 euros en relación con una derivación de responsabilidad solidaria respecto de deudas pendientes de pago de una mercantil. Hubo una sentencia desestimatoria en abril de 2025, otra sentencia desestimatoria de apelación y en marzo pasado se presentó un recurso de casación.
- Procedimiento ordinario por 664.197 euros por el IRPF de los años 2016 a 2018.
- Proceso por 473.490 euros contra una resolución relacionada con expedientes de comprobación e investigación y de procedimiento sancionador en relación con el IVA del cuarto trimestre de 2019.
- Procedimiento por 383.522 euros en relación con el IVA del cuarto trimestre de 2019.
- Proceso por una cuantía de 418.770 euros por el IVA del cuarto trimestre de 2019. Cuantía pendiente de determinación.
- Procedimiento por 468.750 euros contra una resolución relativa a la derivación de responsabilidad tributaria subsidiaria por deudas tributarias de la mercantil Gestión de Solares y Promociones SL.
- Otro procedimiento por otros 468.750 euros contra una resolución sobre la responsabilidad subsidiaria en el pago de determinadas deudas tributarias de la mercantil “Gestión de solares y promociones SL”.
- Proceso de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, contra la resolución de 10 de febrero de 2026 de la junta arbitral del Convenio Económico entre el Estado y Navarra, en el conflicto sobre el domicilio fiscal de la entidad Ingeniería y Proyectos Innovadores. No hay decreto de cuantía.
JURISDICCIÓN SOCIAL
Procedimiento ordinario del Juzgado de lo Social núm. 4 por 449.360 euros. Interpuesto en reclamación por “responsabilidad empresarial derivada del reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta”, señala el informe.
