La Intervención General frenó en agosto de 2025 una convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra a proyectos de vivienda colaborativa porque no estaban definidas las condiciones de esta tipología. El departamento de Vivienda tuvo que resolver este vacío legal con una disposición transitoria en la ley Foral de Derecho a la Vivienda, donde se hace una breve descripción de este tipo de residencias con espacios comunes. El pasado 2 de junio, se publicó la convocatoria de ayudas con un presupuesto de 100.000 euros. Pero las dudas legales de la Intervención no terminan ahí. El interventor delegado considera que dicha convocatoria de ayudas está planteada ad hoc para las dos únicas promociones existentes, Etxekide y Etxekonak, en los barrios pamploneses de Txantrea y Ermitagaña. “Es una subvención directa”, añade.

Según las bases de la convocatoria, uno de los requisitos es que la promoción de viviendas colaborativas sea en cesión de uso. El 31 de julio termina el plazo de presentación de solicitudes para proyectos iniciados desde el 1 de enero. El interventor delegado aprecia que existe una limitación de concurrencia porque se excluye a eventuales proyectos en parcelas de otra tipología, según un informe de fiscalización.

También discrepa el interventor en que los promotores tengan que ser entidades sin ánimo de lucro. “Se crea un sistema público (cesión a una entidad sin ánimo de lucro) y después se limita la concurrencia a dichas entidades, en vez de financiar las viviendas colaborativas (si de verdad se quieren financiar) independientemente de la forma de gestión”.

El interventor pone como ejemplo que las órdenes religiosas tienen “una gestión similar de viviendas colaborativas como la expresada por el Servicio de Vivienda”. También cita que en otras comunidades existen viviendas colaborativas gestionadas por sociedades mercantiles. El Servicio de Vivienda del Gobierno foral defiende que sean entidades sin ánimo de lucro “por la propia esencia del sistema” y para evitar que los integrantes de la cooperativa obtengan beneficio económico cuando venza la cesión a los 75 años.

La cooperativa Etxekide fue seleccionada en 2024 por el Departamento de Derechos Sociales en una licitación para la cesión de una parcela para personas mayores en la zona de Alemanes, donde actualmente se construyen 25 viviendas con zonas comunes.

La cooperativa Etxekonak resultó adjudicataria en 2024 de una licitación del Ayuntamiento de Pamplona para la cesión de una parcela en Ermitagaña a personas de más de 60 años. Ya se ha dado la licencia de obras para 42 apartamentos.

En 2024, no estaba regulada la figura de la vivienda colaborativa. La Ley Foral 10/2020 de Derecho a la Vivienda tenía una disposición adicional que decía que en el plazo de un año, vía reglamentaria, se establecerían las condiciones legales para el fomento y construcción de viviendas colaborativas en cesión de uso o iniciativa pública. Pero no se aprobó ningún decreto foral. La ausencia de características técnicas llevó al interventor general, Juan José Pérez Capapay, a confirmar el reparo suspensivo sobre la convocatoria de subvenciones.

Aprovechando la reciente modificación de la Ley de Derecho a la Vivienda, el departamento introdujo una disposición transitoria: “Se entiende por vivienda colaborativa el conjunto residencial, constituido por uno o varios edificios plurifamiliares o por viviendas unifamiliares, que conforme una unidad residencial, cuya titularidad dominical corresponda a una cooperativa de vivienda y cuyos socios ostenten derechos de uso individualizados sobre cada una de las unidades habitacionales”, dice. Añade que está compuesta por espacios privativos y por elementos comunes. El interventor delegado considera que se ha hecho esta disposición transitoria “ad hoc” para justificar las subvenciones.

La Intervención General también confirmó en abril de 2023 un reparo suspensivo del interventor delegado a una subvención nominativa de 300.000 euros al Ayuntamiento de Uharte Arakil para financiar la construcción de cinco viviendas colaborativas para destinarlas al alquiler social. El motivo era el mismo, la falta de regulación normativa sobre esta tipología de residencia. Para salvar este escollo, el Servicio de Vivienda eliminó la referencia a la vivienda colaborativa y la sustituyó por vivienda social para el alquiler o la venta. En septiembre de 2025, la consejera Begoña Alfaro aprobó el convenio con el Ayuntamiento de Arakil “de impulso a la vivienda” que incluía la subvención de 300.000 euros para la rehabilitación de un edificio de la localidad, cuyas obras estaban presupuestadas en casi un millón de euros.

El interventor delegado fiscalizó este nuevo expediente con un reparo no suspensivo por dos motivos. En primer lugar, por tratarse de una subvención nominativa. Este interventor recuerda que se han fiscalizado en torno a 400 subvenciones nominativas con reparo no suspensivo por el abuso que se hace de esta figura y que supone limitar la concurrencia. En el caso de Arakil, el interventor añade el “agravante por posible discriminación por ideología”, ya que la subvención es fruto de un acuerdo presupuestario del Gobierno de Navarra con la formación política que gobierna en dicho ayuntamiento. El segundo motivo de reparo es que el edificio rehabilitado puede dedicarse o al alquiler social o a la venta, según el convenio firmado. Esta segunda opción convertiría al ayuntamiento en promotor y la legislación no permite conceder subvenciones a los promotores de vivienda protegida para la venta, “pudiendo recibir subvención los propietarios”. Por ello pide que se elimine la opción de la venta del convenio.

El Departamento de Vivienda todavía no ha publicado en el Portal de Transparencia los dos reparos suspensivos, de 2023 y 2025, relacionados con las ayudas a viviendas colaborativas. El interventor delegado alerta que esto supone incumplir la Ley Foral de Transparencia y las instrucciones del Interventor General. Sin embargo, la secretaría general técnica discrepa de la obligación de publicar los reparos suspensivos cuando son acatados ya que no llega a producirse el acto administrativo. Así ha pasado, por ejemplo, con el reparo suspensivo de la Intervención General al modificado número 1 de las obras de Belate. El Departamento de Vivienda sí que ha publicado recientemente una quincena de reparos no suspensivos, fechados entre mayo y diciembre de 2025. Es decir, ha tardado un año en algunos casos.