Diario de Navarra

Del total de personas que se beneficiaron el año pasado de la renta garantizada, había 20.369 en edad laboral y que, por tanto, podrían estar en disposición de incorporarse al mercado laboral cuando surja una oportunidad. Sin embargo, casi la mitad (9.656) no estaban disponibles para trabajar en el momento de percibir la prestación. Las razones son múltiples pero, tal y como destaca el Informe Anual 2025 sobre Renta Garantizada, las más frecuentes están relacionadas con uno de estos tres motivos. El primero, estar en una situación administrativa irregular (para recibir la prestación es requisito llevar residiendo en Navarra al menos dos años, un año en los casos en los que en la unidad familiar haya menores, pero no estar en situación regular). El segundo, dificultades relacionadas con la salud. El tercero, que afecta principalmente a las mujeres con hijos, la falta de red de apoyo para la conciliación familiar. De la mitad que sí se encuentran en condiciones para trabajar, el año pasado hubo 4.448 que fueron contratadas. Representan al 22% de las personas en edad laboral y el 41% de las personas disponibles para el empleo. Pertenecían a 3.332 unidades familiares distintas y firmaron un total de 10.993 contratos, lo que supone una media de 2,47 contratos por persona. La cifra de contratados (4.448) es algo inferior a la de 2024 (4.669) en números brutos, no así en porcentaje, algo que a juicio del Partido Popular de Navarra refleja “el fracaso del modelo de la renta garantizada”. “El sistema sigue sin convertir la ayuda en un puente hacia el empleo”, afirma la portavoz de Derechos Sociales de la formación, Maribel García Malo. PERFIL Sobre el perfil de las personas contratadas, el 53% son mujeres. La distribución es muy similar a la composición general de la prestación, donde las mujeres también son mayoría. En cuanto al origen, el 64,3% no han nacido en España y el 53% tienen nacionalidad extranjera. El informe destaca que hay prácticamente el mismo porcentaje de mujeres contratadas de nacionalidad española que de otra nacionalidad, y un mayor porcentaje de hombres contratados con otra nacionalidad (56,9%). El DERECHO A LA INCLUSIÓN La ley de Renta Garantizada contempla, además del derecho a recibir una cuantía económica si se cumplen ciertos requisitos, el derecho a la inclusión social. Este hace referencia al proceso de acompañamiento a través de programas y recursos que permitan a una persona integrarse realmente en sociedad, algo que una ayuda económica no garantiza por sí misma. Según el informe, en 2025 son el 67% de las unidades perceptoras las que tienen un programa personalizado de inclusión activo y en el 8% constan acciones de activación. “El 20% de personas que no ejercen el derecho a la inclusión, una cifra estable desde 2021, está relacionado con las personas que acceden a la ayuda por primera vez, para las cuales el derecho a la inclusión social no es obligatorio, aunque sí recomendable”. La directora general de Protección Social del Gobierno de Navarra, Miriam Martón, ha anunciado el refuerzo del proceso de inclusión como una de las principales líneas de la reforma de la ley que prepara el Ejecutivo. 24.819 procedimientos ordinarios de seguimiento de expedientes Según informa el departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral, la gestión de la renta garantizada incorpora mecanismos permanentes de control y seguimiento. Durante 2025 se tramitaron 24.819 procedimientos ordinarios de seguimiento de expedientes, entre modificaciones, suspensiones y extinciones, además de 1.164 procedimientos específicos relacionados con reclamaciones, recursos y expedientes sancionadores. En concreto, se resolvieron 17.715 modificaciones de expedientes, 3.409 suspensiones y 3.695 extinciones derivadas de cambios en las circunstancias personales, familiares o económicas de las personas beneficiarias. Asimismo, durante el año se tramitaron 924 reclamaciones, 170 recursos administrativos y 57 expedientes sancionadores. SE INVIERTE LA TIPOLOGÍA “Como ya se viene observando desde el año 2021, se ha producido un notable incremento de los procedimientos de control y seguimiento, no sólo ha incrementado en general los procedimientos realizados, sino que se ha invertido la tipología de las gestiones realizadas, y desde el año 2021 se realizan más procedimientos de control y seguimiento, especialmente el de modificación, que de valoración”, se detalla en el informe. “Si se tiene en cuenta las concesiones realizadas en un ejercicio, los procedimientos relacionados con el seguimiento y control posterior se han ido incrementado alcanzando en 2025 el 185,24% de procedimientos de este tipo, especialmente los de modificación, aunque los de extinción y suspensión cautelar también han experimentado un incremento notable desde el 2018”.

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La mitad de los perceptores de renta en Navarra no está disponible para el empleo

Las razones más comunes tienen que ver con una situación administrativa irregular, problemas de salud o falta de red de apoyo para conciliar

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