La Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas (OANA) inició a principios de junio el procedimiento de investigación sobre las dos promociones de VPO que Nasuvinsa adjudicó a una UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa esta última de Antxon Alonso, imputado en el caso Koldo-Cerdán. Así lo ha desvelado este miércoles UPN en una rueda de prensa, después de que la propia oficina le proporcionara dichas resoluciones.

Ambos procedimientos responde a dos denuncias anónimas presentadas en septiembre de 2025, en la que se adjuntaba el informe realizado por la propia OANA por encargo de la presidenta María Chivite. Anticorrupción consideraba nulas las dos licitaciones y que en la primera de ellas, de 2018, se ignoraron normas básicas de la Ley Foral de Contratos. La directora de la oficina, Edurne Eguinoa, ya anunció en su comparecencia en la comisión de investigación que se habían presentado estas denuncias, en las que se pedía expresamente que se resolviera, pero señaló que todavía no se habían tramitado.

Los informes de la OANA generaron un intenso debate político porque la oficina no abrió el plazo de alegaciones previsto en la normativa de este organismo. Edurne Eginoa aclaró que estos informes no eran procedimientos de investigación, con resolución expresa, sino análisis o auditorías encargados por la presidenta.

Se desconoce quién es la persona que presentó la denuncia ante la OANA, pero con esta iniciativa consigue que este organismo pueda investigar más a fondo ambas adjudicaciones y que si encuentra ilegalidades o indicios de corrupción pueda tomar medidas o exigir responsabilidades. La resolución no aclara qué personas están denunciadas. Ya se ha nombrado un instructor, que tiene seis meses de plazo. Anticorrupción ya ha notificado ambas resoluciones a Nasuvinsa, con los informes adjuntos “indicándole que dispone del derecho a formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo de diez días hábiles”.

Las dos adjudicaciones bajo sospecha son una promoción de 62 viviendas en Erripagaña de alquiler social en 2018 y otro lote de 46 viviendas de alquiler social, también en Erripagaña, en 2022. Las irregularidades detectadas son especialmente graves en el primer contrato.

“La Oficina de Buenas Prácticas ha podido comprobar que Nasuvinsa ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo”, dice el informe, que cita trece incumplimientos de la Ley Foral de Contratos Públicos. Entre ellos está la ausencia de autorización para contratar dictada por el Departamento Derechos Sociales, del que dependía esta empresa pública; ausencia de actuaciones preparatorias del contrato; ausencia de actas, de declaraciones sobre conflictos de intereses y ausencia de propuesta de adjudicación, entre otros asuntos.

El gerente de Nasuvinsa en aquellas fechas era José María Aierdi (Geroa Bai), actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. En la mesa de contratación estaba el responsable de área de vivienda de la empresa pública, Alberto Bayona López. En noviembre de 2019, este fue nombrado gerente de Nasuvinsa a propuesta de Aierdi, entonces ya era vicepresidente del Gobierno de María Chivite y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Una de las cuestiones que más llama la atención de la OANA es que la mesa de contratación de las 62 VPO de Erripagaña, formada por cuatro miembros, no tenía presidente, sólo secretario. “Resulta inédito”, dice la oficina. Al no existir actas, Anticorrupción señala que no puede pronunciarse sobre la “imparcialidad e independencia del órgano de contratación”. En su comparecencia, Aierdi admitió que no se encontraron las actas y que es posible que se destruyeran debido al tiempo transcurrido.

En el segundo contrato analizado por Anticorrupción (el lote de 46 viviendas), los incumplimientos de la Ley de Contratos se limitan a la “ausencia de actuaciones preparatorias del contrato” y la “ausencia de resolución/acuerdo del órgano competente de Nasuvinsa aprobando el expediente de contratación”. Pero ambos supuestos son “causa suficiente de nulidad del procedimiento, por la sencilla razón de que no hubo acto de aprobación”, dice el informe.