La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) Navarra presentó este miércoles en el Parlamento foral su XXIV Informe Anual con datos relativos a 2025, un año que ha marcado "un punto de inflexión". Ha sido el primero en una década en registrar un descenso en el número de personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones, un 5% menos que el año anterior. No porque las necesidades de protección hayan disminuido, todo lo contrario, sino por "políticas hostiles de externalización de fronteras y retornos forzosos". Juan Ruiz Ardila, coordinador territorial de CEAR Navarra, analiza la situación en la Comunidad foral. 

¿Cómo ha sido el año 2025 en lo que a solicitudes de protección internacional se refiere? 

Hay un descenso en el número de personas desplazadas a nivel global y este descenso no tiene que ver con que haya unas mejores condiciones de derechos humanos a nivel global ni un descenso en las necesidades de protección, sino justamente al contrario. Se debe a unas políticas hostiles de 'securitización' de la migración y de externalización de fronteras. Navarra a lo largo del 2025 todavía no se ha visto afectada como territorio; el número de solicitudes es 1.415 y las del año pasado eran muy parecidas, pero queremos destacar que esta tendencia a la baja la vamos a terminar padeciendo también aquí. 

Cuando habla de políticas restrictivas, ¿se refieres a la modificación del Reglamento de Extranjería que estaba pensada para disuadir a las personas de solicitar asilo?

Entre otras. La modificación del Reglamento, que entró en vigor en mayo del 2025, es una medida disuasoria, en la que el tiempo en el que las personas que solicitan protección internacional están en trámite no computa para pedir los diferentes arraigos. Hablamos también del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que ha entrado en vigor el 12 de junio, y que ahonda aún más en la externalización de fronteras e introduce varios conceptos polémicos, como puede ser el de países de origen seguro, que implica la automatización de las resoluciones de protección internacional, o un tercer país seguro, que implica que las personas cuya solicitud de protección internacional ha sido denegada pueden ser deportadas a terceros países aunque no exista ningún vínculo. Hablamos de países como Túnez, Colombia, Bangladesh o la India, sobre los que hay ciertas dudas respecto al enfoque de derechos humanos en sus territorios. También está el Reglamento de Retorno que previsiblemente se va a aprobar en los próximos días y que contempla medidas como detenciones prolongadas de hasta 24 meses y macrocentros de deportación en terceros países.

Hablaba de 1.415 solicitudes, una cifra similar a la de 2024. ¿Cómo era la tendencia anterior si nos remontamos años atrás en el tiempo?

La tendencia hasta el año pasado era ascendente y el 2025 ha sido un punto de inflexión. Como digo, en Navarra no se ha notado en el 2025 pero sí a nivel estatal. Ha habido un descenso del 13,7% de las solicitudes de asilo y además es importante hilar estas cifras con la tasa de reconocimiento de protección internacional, que ha caído al 11% en España. A nivel europeo somos el tercer país por la cola; no obstante, somos el tercer país en solicitantes de protección internacional.

¿En lo que llevamos de 2026 se mantiene el descenso? 

Se ha corroborado el cambio de tendencia. 

¿Se mantienen las nacionalidades mayoritarias de otros años?

Este punto es importante, porque la mayoría de nacionalidades que están solicitando protección internacional en España son Venezuela, Mali y Colombia. Ahora ha habido un cambio de criterio respecto a las personas venezolanas y desde junio de este año no se les van a otorgar las razones humanitarias, que era una de las protecciones que más concedía España, con lo cual esa tasa de reconocimiento aún se verá reducida. Venezuela es el primer país de solicitantes de protección internacional en España y en Navarra también. 

¿Cómo está impactando en la protección internacional la regularización extraordinaria? 

El número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolución asciende a más de 260.000 solicitudes. Al ver que no están siendo respondidas, muchas de estas personas se han acogido a la regularización, lo cual también contribuye al descenso de solicitudes y de concesiones. En cualquier caso, celebramos la regularización, era algo necesario y CEAR es entidad colaboradora. 

Al comienzo del proceso hablaban de barreras, de falta de información entre las personas migrantes a la hora de tramitar sus documentos. ¿Se ha ido resolviendo con el paso del tiempo?

Uno de los principales enemigos de la regularización ha sido la desinformación. Esto ha hecho que muchísimas personas estén pagando auténticos dinerales para poder acceder a algo tan básico como la regularización. En el día a día lo vemos: muchas personas vienen a asesorarse pero terminan pagando a intermediarios porque les da más seguridad presentar la regularización por esa vía. También es importante destacar que en Navarra al principio éramos muy pocas las entidades colaboradoras y a día de hoy somos muchas; se ha hecho un reparto de trabajo y creemos que estamos haciendo un buen trabajo para intentar que el menor número de personas se queden fuera. Los obstáculos principales, como la obtención de la documentación en origen, siguen ahí: en países como Argelia, Cuba o Gambia es prácticamente imposible obtener antecedentes penales o un pasaporte. 

¿Qué papel juegan los discursos de odio contra la población llegada de fuera?

En España ha habido un incremento del 23,6% de los delitos de odio. En Navarra, según el Servicio de Atención Frente al Racismo y la Xenofobia han habido 265 casos y es preocupante. Es vital poder garantizar el acceso a los diferentes derechos, como  una vivienda o un empadronamiento, pero también la convivencia, que la gente no se vea expuesta a situaciones de delitos de odio o discriminación.