El Gobierno navarro sigue negando que hubiera una “represalia”, y alude a una “reorganización” de plazas, tras el cambio de adscripción del puesto que había conseguido el letrado Lorenzo Serena, denunciante del caso de Belate, cuando seis días antes de tomar posesión, y cuando este ya había elegido plaza, Obras Públicas resolvió esa modificación para ubicarle en una nave del polígono de Landaben.

El portavoz del Ejecutivo, el socialista Javier Remírez, ha insistido esta mañana en que el Gobierno “siempre ha defendido” que no se está ante “una situación de represalia”, sino de “reoganización”. “Mientras no se pongan datos sobre la mesa datos que digan lo contrario, más allá de las opiniones particulares, nos mantenemos en esa posición”.

Es más, incluso Remírez ha llegado a sostener que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) no ha dicho que hubo una represalia, cuando precisamente así lo resolvió hace un año, nada más conocer el cambio de ubicación de la plaza de Serena por los datos que este aportó, y declaró ese acto nulo de pleno derecho y pidió a la dirección general de Obras Públicas que diera marcha atrás y devolviera a la plaza su adscripción inicial, ubicándola en la Avenida de San Ignacio de Pamplona. Pese a no estar de acuerdo con esos argumentos, Obras Públicas acató la resolución de la OANA y la plaza recuperó la adscripción que tenía desde el año 2017. Es por ese motivo por el que la Oficina ahora da un paso más, al abrir un expediente sancionador a los presuntos responsables de este acto del que hay "indicios suficientes", señala literalmente la resolución.

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Hay que añadir que en su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento sobre el caso Belate, la directora de la OANA, Edurne Eginoa, recalcó literalmente que Serena sufrió "una represalia de manual". Cuando el socialista Javier Lecumberri lo puso en duda, ella contestó: "Lo podrá disfrazar como quiera, fue una represalia y no concibo que se justifique".

“No estamos ante una resolución de la OANA que dice que haya una represalia”, ha señalado este miércoles Remírez. “Es que el problema es ese, estamos permanentemente adelantando acontecimientos y estamos haciendo un mal al Estado de Derecho”. Ha añadido que los partidos de la oposición “ante cualquier denuncia, ante cualquier querella tienen la sentencia dictada, es igual lo que resuelva”. Pidió esperar “a lo que resuelva la OANA.

El portavoz del Gobierno ha criticado que este tema lo haya dado a conocer UPN, que es el partido que había pedido a la OANA que le informara sobre cómo estaba este asunto, acusando a los regionalistas de estar inmersos en una “estrategia” de “extensión generalizada de sospechas”. Ha agregado que en Belate la comisión de investigación ha concluido que no hubo “ni una sombra de corrupción” y que, por tanto, “la verdad contradice la estrategia de las derechas”. 

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¿LO OCURRIDO DESANIMA A LOS FUNCIONARIOS A DENUNCIAR?

Remírez ha hecho estas consideraciones cuando se le ha preguntado en rueda de prensa si tras lo ocurrido a Serena, se está desanimando a los funcionarios a denunciar cualquier posible irregularidad o acto de corrupción. El portavoz ha respondido que “cualquier persona que considere que se ha cometido una irregularidad dentro del Gobierno de Navarra, no solo tiene derecho, tiene la obligación de denunciarlo” o ante la OANA o ante la justicia. “Es más, nosotros animamos” a denunciarlo ante “indicios claros”, ha añadido. 

“Lo que sí pedimos es que los procesos sean garantistas, que no se acuse sin pruebas ni se ponga la sentencia desde el minuto uno”.