El que fuera propietario del CD Tudelano y presidente del Ribera Navarra Fútbol Sala, Ramón Lázaro, ahora investigado por varios delitos, ha seguido presentándose a concursos convocados por administraciones públicas a pesar de estar inhabilitado para ello. Así lo refleja una resolución del 30 de julio de 2025, firmada por la entonces ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y que prohíbe ser contratado en el sector público hasta el 18 de agosto de este año. La vigencia de la medida se extiende durante 12 meses y 20 días.

La causa de la restricción no aparece citada en la resolución, pero su contenido remite a uno de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto el 71, letra b. En el mismo se señalan como causas “haber sido sancionado en firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería; por infracción muy grave en materia medioambiental; por infracción muy grave en materia laboral o social; por las infracciones muy graves previstas en la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; o por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales”. Hasta ahí lo que compete el dictamen de la entonces vicepresidenta Primera del Gobierno y ex ministra de Hacienda.

MÁS PROHIBICIONES

Pero la restricción de un año no es la única adoptada contra Lázaro en función de la misma ley. En 2023, lo hizo también el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona), al igual que al año siguiente la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de la Rioja para todo el sector público de esta comunidad autónoma. Ese mismo año adoptó igual determinación el Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos). En los tres casos, la prohibición era por un periodo de tres años.

A pesar de estos antecedentes, Lázaro hizo caso omiso a la última prohibición del gobierno central, con vigencia entre julio de 2025 y agosto de este año. De hecho, siguió presentándose a concursos públicos, que decretan la obligación de aportar una declaración jurada de estar al corriente de todos los requisitos legales. El incumplimiento en ese sentido fue notorio ante la restricción señalada por el Gobierno central.

Las sospechas se intensificaron cuando un licitador se presentó al concurso de gestión de las piscinas de Falces. Había sido adjudicada a Lázaro. El acuerdo de la concesión quedó anulado cuando la empresa aspirante aportó la documentación de la prohibición de Lázaro de ser contratado en el ámbito del sector público. Se trata de una documentación que es pública, pero que no se comunica directamente a los consistorios.

La situación salpicó a otros ayuntamientos, como el de Tudela, en su caso en otros dos concursos públicos a los que también había concurrido el empresario corellano. Uno fue el de la gestión del bar del campo de fútbol Clara Campoamor. Lázaro fue excluido por “incumplimiento claro y expreso del pliego de condiciones”, pero presentó una reclamación al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Fue en este proceso cuando el Ayuntamiento de Tudela, gracias a lo ocurrido en Falces, se enteró de la prohibición de que se presentara y el tribunal acaba de darle la razón al consistorio.

Otro concurso todavía más jugoso al que se presentó Lázaro fue el de la gestión de las piscinas de Tudela Clara Campoamor, que incluía la organización de actividades deportivas, socorristas, conserjería, etc.

La oferta del empresario corellano era la que mejor puntuación había recibido y justo antes de adjudicársela, el ayuntamiento descubrió la prohibición que pesaba sobre él, por lo que se le excluyó y se adjudicó a finales de mayo a la segunda mejor puntuada, SDC Esmas, por 195.000 euros.

AZAGRA Y ULTZAMA

En igual circunstancias se encontró Azagra, sólo que en abril adjudicó a Lázaro la gestión del bar de las piscinas y el polideportivo para el verano. Su alcalde, Rubén Medrano, explicó a este periódico que, ante lo ocurrido en los últimos días y probablemente sin conocer la prohibición que pesa sobre el empresario, han consultado a la Junta de Contratación de Navarra para que les oriente sobre cómo proceder, pero que por ahora no han recibido respuesta.

La preocupación late igualmente en la localidad salmantina de Villamayor, que acaba de cerrar el contrato con Lázaro de sus piscinas, según medios locales.

Atrás queda el panorama que debió de resolver con urgencia el Ayuntamiento de Ultzama para abrir la temporada de baño. Hace dos años, el empresario corellano renunció al contrato de gestión de las instalaciones cuando tan sólo restaba una semana para el inicio de la campaña, según recordó el alcalde, Martín Pikabea.

La rescisión del contrato por deseo propio se debió “a la falta de personal”, como apunta el primer edil. En el fondo, tanto socorristas como empleados de mantenimiento acumulaban quejas por la cuantía y retrasos en el cobro de sus salarios, añade.

La investigación judicial contra el que fuera mandatario del CD Tudelano y Ribera Navarra Fútbol Sala, ha suscitado interrogantes de distinta índole en distintas localidades de la geografía peninsular. Como publican estos días distintos medios locales, la detención y posterior puesta a disposición judicial de Ramón Lázaro ha dejado en suspenso la administración de servicios públicos que habían sido adjudicados al empresario corellano. Por de pronto, tal y como señalaba El Diario Montañés, la detección de Lázaro ha dejado “a las playas de Santoña sin su servicio de salvamento y socorrismo”.

El hoy investigado es “concesionario de la piscina cubierta municipal José Casado, a través de su empresa Gestión y Eventos Lázaro” en Segovia, como recogía días atrás El Norte de Castilla. De acuerdo a las mismas fuentes, el arresto y la adopción posterior de medidas judiciales cautelares, la adjudicación de la gestión de la piscina data del 1 de abril de 2022 y su período de vigencia era de tres años, prorrogable otro más. La solución barajada para salir de la crítica situación generada era convocar una nueva licitación en unas instalaciones, cuyos trabajadores -de acuerdo al mismo medio- no habían cobrado la nómina de mayo. En medio de la incertidumbre creada en distintos puntos del país, donde Gestión y Eventos Lázaro asumía algún tipo de responsabilidad de administración, el Ayuntamiento de Orduña, en Vizcaya, anunciaba la necesidad de retrasar la apertura de la temporada de baño en sus piscinas hasta, contemplada en principio para este sábado. Como informaba El Correo, el ayuntamiento pasará a ocuparse “del servicio tras su detención en un operativo policial contra el blanqueo y fraude donde ha participado la Interpol”. La prensa local de Salamanca se hacía igualmente eco de los desajustes generados y de la trayectoria de la firma navarra con distintas prestaciones. De hecho, la empresa de Lázaro fue contratada por más de 70.000 euros para limpiar las dependencias de la prisión de Tropas y había cerrado recientemente un contrato para atender las piscinas de Villamayor.