Este miércoles 10 de junio por la mañana, en el juzgado solo había tres partes: el fiscal, la defensa de Ramón Lázaro y su madre, y el magistrado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela nº 1. Al acabar la comparecencia, el fiscal ha pedido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La defensa ha reclamado la puesta en libertad con medidas menos gravosas que la prisión.

El magistrado que dirige una investigación de la Policía Nacional ha decidido dejar en libertad a Lázaro, pero con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. En su auto, el juez considera que no hay riesgo de destrucción de pruebas, pues en los tres inmuebles de Lázaro registrados el lunes se incautaron de terminales, documentación, claves asociadas al monedero que contiene las criptomonedas transferidas fuera del territorio nacional, se han embargado tres inmuebles, vehículos y todas sus cuentas bancarias. "Sus capacidades para ocultar o destruir fuentes de prueba son ínfimas", justifica el juez para no decretar la prisión. 

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Y no hay riesgo de fuga, añade, porque se ha intervenido todo su patrimonio, tanto en España como en el extranjero, un total de 1.430.000 euros, "por lo que su capacidad económica para sustraerse de la justifica son muy reducidas". Con las otras medidas cautelares, añade, se asegura su puesta a disposición de la justicia.

Por su parte, para la madre de Lázaro, ha establecido que deberá comparecer en los juzgados cuando sea requerida por la investigación