Adjudicaciones

Sendaviva tendrá que devolver 652.222 euros de subvención por los contratos bajo sospecha

La Intervención insta al Instituto Navarro de Deporte a valorar si hubo intención fraudulenta en los contratos adjudicados a Adentro Construimos

Una de las nuevas atracciones de gran caída libre en el parque Sendaviva.
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Una de las nuevas atracciones de gran caída libre en el parque Sendaviva.
Una de las nuevas atracciones de gran caída libre en el parque Sendaviva.

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Pedro Gómez

Publicado el 02/06/2026 a las 05:00

Parquenasa tendrá que devolver 652.222 euros más los intereses de demora de una subvención del Gobierno de Navarra debido al supuesto fraccionamiento indebido del contrato de obras de remodelación de Sendaviva, que fueron adjudicadas sin licitación abierta a Adentro Construimos. Esta es la cuantía que propuso el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física (INDAF) y que fue respaldada por la Intervención General en un informe de fiscalización fechado el 23 de abril. El pasado 6 de mayo, la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, informó de la existencia de un acuerdo con la Intervención para solicitar el reintegro de la subvención pero se negó a especificar la cuantía. Tampoco se ha informado de si se ha hecho efectivo el reintegro.

Este periódico ha tenido acceso al informe de fiscalización, que no se ha hecho público en el Portal de Transparencia. En sus conclusiones, el director del servicio de Intervención señala que “hay indicios claros y suficientes para concluir que existe un fraccionamiento indebido en la contratación de las inversiones analizadas”. Por eso insta al INDAF a “valorar la posible infracción que puede suponer la eventual intención fraudulenta del beneficiario en la contratación de las inversiones analizadas”. Parquenasa es propiedad en un 55% de socios privados y en un 45% de la sociedad pública NICDO, que es la administradora única.

Al margen del análisis que pueda hacer el departamento de Cultura, estos contratos de Sendaviva ya son investigados en un juzgado de Pamplona, que a principios de mayo admitió a trámite la denuncia que interpuso VOX. Los querellados son el entonces gerente de Sendaviva y el dueño de Adentro Construimos. En su querella, VOX explica que esta constructora hizo unas obras de remodelación del piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz con un presupuesto “inferior a los precios de mercado” y lo vincula con los contratos de Sendaviva. Por su condición de aforado, el Tribunal Superior de Navarra tendrá que decidir si procesa a Alzórriz.

Adentro Construimos se adjudicó en 2023 cuatro contratos de obras para reconstruir otros tantos espacios del parque de la naturaleza afectados por el incendio de 2022. El importe de estos contratos oscilaba entre los 197.000 y los 198.000 euros. Al estar por debajo de los 200.000 euros, se adjudicaron sin procedimiento de contratación, invitando a varias empresas a presentar su oferta.

En su informe de abril, la Intervención General deja claro que no comparte la postura del INDAF, que no apreció fraccionamiento indebido. Las cuatro obras tenían un objeto similar, se ejecutaron en el mismo tiempo, respondían a la misma necesidad y se adjudicaron a la misma empresa, expone la Intervención. Y ofrece un dato revelador: desde la vigente Ley Foral de Contratos, hay registrados 1.029 procedimientos simplificados y sólo once han sido adjudicados por un importe entre 195.000 y 200.000 euros. Cuatro corresponden a Parquenasa.

La Intervención tampoco comparte otra conclusión del INDAF, que defiende que se usó el procedimiento simplificado para reducir los plazos de tramitación y poder terminar las obras a tiempo para recibir la subvención. “Hay indicios de que el fraccionamiento no se llevó a cabo sólo por esta razón”, advierte el interventor. Esto tiene su importancia a la hora de tipificar una eventual infracción administrativa como grave o muy grave.

Donde sí coinciden el INDAF y la Intervención es en el cálculo del reintegro. Así, al tratarse de un incumplimiento parcial de las bases de la convocatoria, no se debe reclamar la totalidad de la subvención obtenida (5.794.887 euros) sino la parte afectada por el contrato fraccionado. De momento se reclaman las facturas de tres de las cuatro fases (652.222 euros). La  IV fase (216.906 euros), al estar pagada y liquidada, se tiene que estudiar la forma de recuperarla.

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