“Ese si quieres lo puedo hacer ahora a la tarde”. Este extracto de una conversación telefónica entre uno de los miembros de la trama y la funcionaria de Extranjería investigada supone para la Guardia Civil (y así lo avala también la juez de instrucción en su auto) un indicio de connivencia y culpabilidad entre ambos. “¿Octavio, no?”, continúa preguntando ella. “Claro, claro. Como siempre, como siempre”, le responden, lo que para la causa implica un tono que da idea de “repetición, de existencia de casos previos que se llevarían a cabo del mismo modo”.

La conversación grabada y la conclusión que se deriva de ella forma parte, junto con reuniones discretas en el interior de vehículos, cocinas de restaurantes, espacios de ocio o mezquitas, de los contactos documentados por los agentes entre los 5 miembros de un grupo calificado por la Guardia Civil como criminal.   Los otro cuatro son ciudadanos de China y Marruecos. Tras pasar a disposición judicial, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 3 de Pamplona envió la semana pasada a prisión a cuatro de ellos, dos con fianza de 5.000 euros y otros dos sin fianza. Entre estos últimos está la funcionaria de Extranjería, a la que la investigación atribuye un papel “fundamental” en la trama. Hay constancias de que operaban al menos desde 2024.

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Según las pesquisas, esta funcionaria tendría una “participación activa en la tramitación de los expedientes de regularización, comprobando su estado y agilizando los trámites burocráticos para la obtención de los permisos de residencia y trabajo, cometido que desarrolla debido a que presta sus servicios como funcionaria de carrera en la Oficina Única de Extranjería en Navarra”. “Su implicación supera ampliamente los cometidos que le corresponden en cuanto a la tramitación de solicitudes, quedando acreditado además el seguimiento que hace de los casos, con un interés subordinado a la percepción de una contraprestación económica”.  Esta se hacía en efectivo, según pudieron comprobar como testigos los investigadores tras algunos encuentros. “Una vez finalizada la reunión abandona el vehículo sin el sobre y portando en su mano izquierda lo que parece ser las llaves del coche y lo que parece ser dinero en efectivo, debido a la agrupación en forma cilíndrica de manera irregular y presentando un tono marrón ocre”.  Los pagos realizados eran de entre 400 y 500 euros, “con el único fin de ejercer influencia suficiente para que agilice los trámites de propuesta de resolución de los expedientes de regularización, omitiendo o eludiendo datos relevantes”, indica el auto.

“Además, se han detectado expedientes resueltos en los que se apreciarían anomalías que en un trámite ordinario hubieran supuesto  la paralización o denegación del mismo. En otras ocasiones recibía documentos de forma presencial “no siguiendo el cauce administrativo que establecen los protocolos reglados por la administraación pública, como una plataforma determinada o el sistema de cita previa, sentando las bases para una posible posterior maniobra de falsedad”, describen.