Inmigración
Entidades denuncian el auge del mercado ilegal del empadronamiento: "Busco alguien que me empadrone, ¿cuánto cobran?"
Se piden entre 300 y 600 euros por persona, a veces al margen del alojamiento
Publicado el 20/04/2026 a las 05:00
Basta con buscar en webs y redes sociales de alquiler de habitaciones para comprobar que el empadronamiento se ha convertido en un bien de mercado. Se cotiza como si fuera un extra del alojamiento, y no como un derecho (y un deber) básico de la ciudadanía. Estos son algunos ejemplos reales de anuncios publicados. “Estoy buscando habitación para pareja con empadronamiento para entrar del 6 al 8 de abril”. “Busco piso en Pamplona y alrededores, imprescindible empadronamiento (pagando si hace falta)”.
El mercadeo no termina ahí. El padrón es a día de hoy un fin en sí mismo, desligado de la vivienda, porque tener un techo ya no es garantía de poder empadronarse. Por eso, hay personas que viven en una dirección, pero pagan por obtener un empadronamiento en otra porque no se pueden registrar en su domicilio. ¿Por qué? Porque ya hay demasiadas personas empadronadas en una misma vivienda. Porque se trata de un piso alquilado a un inquilino que está subarrendando habitaciones, práctica no permitida. O porque registrar a más personas en una misma casa puede poner en riesgo la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital de unos y otros. “Hola, por favor, ando buscando empadronamiento en algún sitio, en Pamplona o alrededores, por favor. Puedo pagar”.
Te puede interesar
“Hola, estoy buscando alguien que me pueda empadronar a mí y a mi esposa. ¿Cuánto cobran?” “Muy buenas tardes, soy mujer joven, de menos de 24 años, que busca donde poder empadronarse por favor. Pagando lo que haya que pagar, gracias”. “Nosotros sabemos que es ilegal pero no hay otra, porque quienes están rentando no están empadronando (los malos no somos nosotros)”, se excusan otros en el mismo hilo.
Te puede interesar
Estos mensajes, igualmente reales, son de personas que no buscan un lugar donde vivir, sino que persiguen dejar de ser invisibles a ojos de la Administración y tener acceso a servicios básicos. Desde acudir al centro de salud, escolarizar a los hijos, ser atendido por los servicios sociales o computar el tiempo de residencia de cara a los trámites en Extranjería. Sin padrón, el resto de derechos son inaccesibles.
PRECIOS MÁS ALTOS
Entidades sociales que trabajan con personas en situaciones de vulnerabilidad y de difícil acceso al mercado de la vivienda confirman que esta realidad no sólo existe, sino que en los últimos años se ha agudizado. “El fenómeno ha existido siempre, pero sí detectamos que la cantidad que se pide para empadronarse cada vez es más alta. Si antes eran unos 300 euros, ahora podemos estar hablando de 600. Algunas personas nos han llegado a hablar incluso de 800 euros”, apuntan.
Las cifras coinciden con las de la Policía Nacional de Tudela, cuya Brigada Local de Extranjería y Fronteras detuvo en marzo a dos personas por fraude en empadronamientos, imputados por delitos de estafa, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. Cobraban a sus víctimas entre 300 y 700 euros, a los que empadronaban en dos pisos, a cambio de una habitación y el trámite de empadronamiento posterior. En una de las viviendas se habían detectado hasta 15 solicitudes, y 56 en la otra. Uno de los implicados había sido previamente detenido por vender precontratos de trabajo a ciudadanos extranjeros prometiéndoles un alta en la Seguridad Social, que posteriormente no se materializaba.
POBLACIÓN CAUTIVA
Desde el París 365 constatan que las personas que atienden les cuentan que pagar por el padrón es algo cotidiano, no “un hecho excepcional”. “Pero lo cuentan aquí, después no lo quieren denunciar a la policía porque tienen miedo y mucho que perder”. Son, a juicio de su presidente, “población cautiva” que “fruto de la necesidad” “cae presa” en manos de “personas sin escrúpulos, locales y migrantes”, “mafias”, describe José Antonio Villanueva. También perciben que en los dos últimos años el fenómeno, “que es de dominio público”, se ha agudizado. “Es la pura ley del mercado, oferta y demanda. Como la situación de la vivienda cada vez es más complicada y está viniendo más gente, se nota el incremento y también que cada vez se les pide más dinero”, lamenta. El pago se puede hacer de una vez o en mensualidades, “pero diría que es más habitual uno único”.
Hay personas “que llegan incluso a endeudarse” para empadronarse. “Y lo más terrible es que algunos siguen en situación de calle. “Te venden un empadronamiento pero sigues sin tener nada. Es todavía más dramático que si te dan una habitación y te obligan a pagar por el padrón”, valora.
Villanueva recuerda que la responsabilidad primera es de quien comete estos actos, pero que no se debe olvidar la de la Administración “por ser incapaz de crear un contexto que impida que se generen estas dinámicas. El empadronamiento es un derecho”, insiste.
Coinciden en apelar a los poderes públicos desde SOS Racismo, que presentó recientemente su informe anual de 2025. En él, los problemas y los abusos relacionados con el empadronamiento constituyen un capítulo importante. “Son las administraciones, muchas veces, las que convierten el padrón en un bien escaso con el que luego los particulares especulan. Hemos detectado que se está cobrando por un padrón, alquilando padrones”, sostienen, advirtiendo sobre “el círculo de exclusión” que se genera “al exigir padrón para acceder a derechos mientras se obstaculiza su obtención”.
EL EMPADRONAMIENTO SOCIAL
El Defensor del Pueblo recuerda que denunció esta realidad ya en 2024, en una comparecencia parlamentaria. “Habíamos tenido reuniones con entidades sociales y nos habían trasladado que se producían diferentes situaciones de extorsión. Unas, en las que se pedía una cantidad fija; otras, en las que era un plus mensual que se sumaba al alquiler de la habitación”, describe Patxi Vera.
Coincide Vera en que es el “mal funcionamiento del sistema” el que abona el terreno para estas prácticas fuera de la legalidad. Y aboga por perseguir “a quien se aprovecha del más vulnerable”. Pero cree que la vía policial no es suficiente para terminar con el problema, más teniendo en cuenta que las víctimas no están muchas veces en situación de denunciar. “Lo que hay que hacer es solucionar las vías legales del empadronamiento natural”.
Advierte también el Defensor de que es imprescindible analizar el tema “caso a caso”, porque la casuística es múltiple. “También hay que controlar a quien solicita el padrón pero después se marcha”. Apuesta, al mismo tiempo, por “un acompañamiento social fuerte” como antídoto frente a los fraudes. “En la Ribera es mucho menor porque hay muchas menos entidades, y también el porcentaje de inmigración es mayor”.
En medio de lo complejo de la situación, cree que se han dado pasos en la buena dirección en los últimos tiempos, como el acuerdo alcanzado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos para homogeneizar los criterios de empadronamiento de las personas en situación de vulnerabilidad (empadronamiento social). Un consenso que surgió tras una recomendación de la institución que encabeza.
No es tan optimista Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, que cree que las administraciones están “boicoteando” la “vía del empadronamiento social”, lo mismo que denunciaron recientemente los cinco colectivos que se presentaron el jueves en las oficinas de empadronamiento del Palacio del Condestable con una treintena de solicitudes en mano, correspondientes a jóvenes que viven en Aranzadi y en otros asentamientos precarios, que no consiguen empadronarse.
En este sentido, cabe recordar que el Defensor emitió en abril del año pasado una resolución contraria a la decisión del consistorio pamplonés de ampliar de 3 a 6 meses el plazo de tramitación de los expedientes de empadronamiento, un retraso que había motivado la queja de 14 entidades, que acusaban a Pamplona de “obstaculizar y denegar de manera generalizada el empadronamiento” de los más vulnerables. También el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN)ha dictaminado que esta ampliación de plazos no está justificada, igual que ha anulado la exigencia de comparecer quincenalmente en dependencias municipales para que la persona empadronada acredite que reside realmente en Pamplona.
