La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre obra pública cumple el 14 de abril seis meses desde la primera comparecencia, la del presidente de la mesa de Belate, Jesús Polo. Después de 35 sesiones, prácticamente se da por terminado el análisis del contrato de las obras del túnel y las demás adjudicaciones a Servinabar. La comisión afronta en abril y mayo su última fase, centrada en la última legislatura de Yolanda Barcina (2015-2019).  

Utilizando el túnel como símil, los grupos parlamentarios han trabajado estos seis meses a ambos lados de la montaña para aclarar si hubo o no corrupción en la licitación y adjudicación de las obras de Belate a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar. Por un lado, picando piedra sobre las personas señaladas en los informes de la UCO: Santos Cerdán, Koldo García, Antxon Alonso, directivos de Acciona Construcción… Todos han mostrado alta resistencia, valiéndose de su condición de imputados para guardar silencio. Y por otro lado, interrogando a un nutrido grupo de funcionarios y altos cargos que han participado en el expediente: los miembros de la mesa de contratación, ingenieros de minas, expertos jurídicos… 

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Aquí sí ha habido avances significativos sobre el terreno. Pero falta el cale, la conexión entre las dos bocas, la prueba de que alguien desde arriba urdió un plan para que los de abajo le dieran la obra a la UTE del amigo y presunto socio de Santos Cerdán, si la Justicia da validez el contrato de compraventa del 45% de Servinabar. “¿Dónde está mi mano en esta obra? No encontrarán ni un mensaje ni una indicación mía en la mesa de contratación de Belate”, afirmó categórico el exsecretario de organización del PSOE.  

Sin esa prueba no es posible dilucidar si los rumores de los que habla la mayoría de miembros de la mesa de contratación son chismes o fue un chivatazo de que había una conspiración para intentar amañar la adjudicación. El interventor general, Juan José Pérez Capapay, afirmó que él hubiera paralizado la licitación. La parte jurídica de la mesa, sin embargo, optó por aplicar la Ley Foral de Contratos con rigor y advertir de las irregularidades y salvedades que iban apreciando y que quedaron reflejadas en los votos particulares y el informe de fiscalización. 

El punto crítico es el sistema de puntuación, del que se ha hablado hasta la saciedad en buena parte de las comparecencias. En un principio el debate giró en torno a si el presidente de la mesa puntuó el tercero, como él sostuvo en su comparecencia el 14 de octubre, o fue el último, como parecía deducirse de los votos particulares. Y si con su actuación provocó un vuelco entre la primera y la segunda oferta, muy igualadas en puntos. 

Sin embargo, varios expertos jurídicos coincidieron en que es irrelevante el orden en que puntuó. Lo relevante es que el sistema de enviar las valoraciones a un miembro de la mesa y que éste confeccione la tabla Excel en la intimidad de su despacho no garantiza los principios de igualdad e transparencia. Es un sistema que permite la manipulación. Así lo ve la presidenta de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eguinoa, que aprecia causa de nulidad. Quien discrepa es el interventor general, que defiende que no existe normativa que regule el sistema de valoración de ofertas.

Pero al margen de controversias jurídicas, hay un hecho que incrementa las sospechas. Dos técnicos de la mesa revelaron que Polo les hizo comentarios en contra de una constructora, la que finalmente quedó segunda en la licitación. No lo definieron como “presiones” pero sí como intentos de influir, una injerencia.

La comisión de investigación tiene como objetivo dilucidar las responsabilidades políticas, si las hubiera, en los contratos de obra pública de las últimas tres legislaturas (2015, 2019 y 2023). De momento, el único cese ha sido el del director general de Obras Públicas Pedro López, a raíz del modificado del proyecto y los sobrecostes. La comisión de investigación ha contribuido a esclarecer lo ocurrido durante estos dos años de obras. Los autores del proyecto, el director de Industria de la Delegación del Gobierno y el ingeniero de minas del departamento de Industria rebatieron la versión oficial sobre el modificado, negando que respondiera a requerimientos externos y poniendo en duda la necesidad de cambiar el proyecto. Esta tesis fue refrenda por la Intervención General con un duro informe y un reparo suspensivo.

Salvo que la investigación judicial ofrezca nuevas revelaciones, va a ser difícil que los siete grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en los hechos probados. Javier Esparza (UPN) no se cansa de repetir que si “vuela como un pato, anda como un pato y hace cuac es un pato”. En su opinión es difícil de creer que Cerdán, Antxon, Koldo y los exdirectivos de Acciona imputados se comportaran en el conjunto de España como dicen los informes de la UCO y en Navarra fueran unos santos barones. PP y Vox respaldan esta teoría . 

Sin embargo, la mayoría progresista considera que la derecha se han montado un “relato” a la conveniencia de sus intereses, una “serie de Netflix” basada en los informes de la UCO. El PSN se aferra al hecho de que los comparecientes ha negado haber visto corrupción o haber sufrido injerencias políticas, confiando en que nadie ha mentido. 

El centenar de horas de interrogatorios ha permitido añadir piezas al complejo puzle de las relaciones personales entre los protagonistas de la presunta trama. Koldo y Antxon se hicieron amigos en Mina Muga e una época en la que Cerdán se planteó dejar la política y hacer negocios con el guipuzcoano. 

Pero nadie ha dado una explicación convincente sobre  cómo Servinabar, una pequeña empresa recién creada, sin trabajadores ni medios, llegó a convertirse en un socio preferente de una multinacional como Acciona.