Caso Cerdán
La UTE de Antxon Alonso quiso abandonar las obras del colegio de Arbizu por discrepancias con Educación
La UTE Acciona-Alegure pidió la rescisión del contrato por la negativa del Gobierno de Navarra a ampliar el plazo de ejecución y pagar sobrecostes
Publicado el 01/04/2026 a las 05:00
La UTE de Acciona y Alegure (empresa de Antxon Alonso) solicitó al Departamento de Educación la resolución del contrato de construcción del colegio de Arbizu de Navarra cuando llevaba ya siete meses de obras debido a las discrepancias que surgieron durante la tramitación de un modificado. Además, ambas empresas reclamaron el abono de 259.000 euros por costes y sobrecostes incurridos. En caso de ver rechazadas estas pretensiones, la UTE solicitaba subsidiariamente una ampliación de plazo de 5 meses y el abono de los 259.000 euros reclamados más otros 208.800 euros por los gastos indirectos de la ampliación de plazo (casi medio millón en total). El actual consejero de Educación, Carlos Gimeno, a los pocos meses de asumir el cargo en 2019, estimó parcialmente el recurso para reconocer únicamente unos sobrecostes de 84.900 euros, muy lejos de las pretensiones de la adjudicataria.
La Oficina Anticorrupción, la auditoría externa y Comptos no han encontrado irregularidades destacables, pero la documentación existente refleja el ímpetu de los servicios jurídicos de Acciona Construcción para defender sus intereses económicos. Además, ofrece pistas sobre lo que puede ocurrir en las obras del túnel de Belate, donde la UTE de Acciona y Osés ha dejado claro que no está de acuerdo con los precios contradictorios (sobrecostes) aprobados por Obras Públicas.
Durante las obras de Arbizu, Acciona llegó a presentar un recurso de alzada para defender que era nula de pleno derecho una resolución de la directora general en la que anunciaba la imposición de penalidades porque una vez vencido el plazo no estaban terminadas las obras. La constructora denunciaba que se “había prescindido de todo procedimiento administrativo”. Educación no respondió a este recurso porque lo consideró un “oficio informativo” frente al que no cabía recurso. La adjudicataria fue penalizada con 17.600 euros por un retraso de 68 días.
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Acciona-Servinabar ya se había beneficiado de una ampliación de plazo de 60 días. La adjudicataria lo consideraba insuficiente y además, rechazaba que fuera a coste cero. Acciona exigía 75.000 euros porque las obras no pudieron comenzar el 16 de julio, como estaba previsto, sino el 28 de agosto. Según la empresa, eso suponía tener plantilla y medios materiales sin actividad. Cabe recordar que las obras de Belate también comenzaron con un retraso de 26 días porque no se pudo firmar el acta de confirmación de replanteo debido a la presencia de una torre eléctrica. Cabe la posibilidad de que Acciona reclame a Obras Públicas una compensación económica por ese retraso.
La UTE de Belate también ha solicitado una ampliación de plazo para la finalización de las obras debido al retraso que acumulan. Obras Públicas todavía no ha respondido. No ha trascendido si junto al aumento de plazo, la constructora también ha solicitado los sobrecostes que dicha ampliación de plazo va a suponer en nóminas de los trabajadores, maquinaria, etc. como hizo en Arbizu.
