Órgano fiscalizador

El auditor propone disolver Nafarbide, porque encarecerá la contratación de las obras en carreteras e incumplirá la ley

El presidente de Comptos, Ignacio Cabeza, considera que el auditor se ha excedido de sus funciones con esa conclusión, ya que crear sociedades públicas es competencia del Gobierno, y señala que realiza interpretaciones “subjetivas” sobre “hechos futuribles”

El consejo de administración de Nafarbide en una reunión en el Palacio de Navarra el año pasado, tras constituirse la sociedad pública, con la presencia de tres consejeros socialistas, Óscar Chivite, José Luis Arasti y Patricia Fanlo (que ya no está en el Gobierno) y los directores generales de Obras Públicas y Transportes, Pedro Andrés López y Berta Miranda
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El consejo de administración de Nafarbide en una reunión en el Palacio de Navarra en 2024, tras constituirse la sociedad pública, con la presencia de tres consejeros socialistas, Óscar Chivite, José Luis Arasti y Patricia Fanlo  (que ya no está en el Gobierno) y los directores generales de Obras Públicas y Transportes, Pedro Andrés López y Berta MirandaGobierno de Navarra
El consejo de administración de Nafarbide en una reunión en el Palacio de Navarra el año pasado, tras constituirse la sociedad pública, con la presencia de tres consejeros socialistas, Óscar Chivite, José Luis Arasti y Patricia Fanlo (que ya no está en el Gobierno) y los directores generales de Obras Públicas y Transportes, Pedro Andrés López y Berta Miranda

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Iñigo SalvochBeatriz Arnedo

Publicado el 17/03/2026 a las 13:17

El auditor autor del informe de fiscalización de las cuentas públicas de Navarra de 2024 recomienda disolver la sociedad pública Nafarbide (que gestionará los peajes a los vehículos pesados en cuatro autovías y la N-121A), una parte del informe que ha sido eliminada del texto final por el presidente de la Cámara de Comptos.

Ignacio Cabeza considera que el auditor se ha excedido en su funciones, las que tiene un órgano fiscalizador y recuerda que crear una sociedad pública es potestad del Gobierno. Añade que, además, ha plasmado interpretaciones subjetivas no confirmadas sobre “hechos futuribles”.

El Gobierno de Navarra creó la sociedad pública Nafarbide en 2024, cuyo objetivo inicial será gestionar los peajes que abonarán los vehículos pesados en las autovías del Norte, Sakana, Ebro y la que va a San Sebastián y la N-121 A Pamplona-Behobia.

La previsión es que se implante de manera progresiva, comenzando ya en septiembre en la Autovía del Norte A-1, según los planes de esta sociedad cuyo consejo de administración controlan cargos del PSN y está presidido por el consejero Óscar Chivite. Sin embargo, su objeto va más allá, ya que no solo estará al frente de esos peajes. Esa empresa pública tendrá en sus manos inversiones por cientos de millones, ya que asumirá la gestión de todas las obras relacionadas con las 5 grandes vías. Además, a ellas se va a sumar el tramo navarro de la AP-68 y se podrían incorporar la autopista AP-15 y las autovías a Logroño y Pirineo cuando finalicen las actuales concesiones.

En su informe anterior, el de las cuentas de 2023, la Cámara de Comptos concluyó que no hay impedimento legal para que sus funciones las hubiese asumido la propia Administración. Llamaba la atención sobre que se justificara su creación en que si no, no se garantizarían las obras de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, cuando ese gasto ya estaba aprobado por el Gobierno. Y, sobre todo, advertía de que en una empresa pública no existe la fiscalización previa de la Intervención, cuando se prevé que Nafarbide financie inversiones de al menos 2.600 millones en 30 años, lo que supone rebajar el nivel de control público, y consecuentemente, “elevar el nivel de riesgo”.

QUÉ RECOGE EL INFORME DE COMPTOS CONOCIDO HOY

El informe de Comptos destaca que en 2024 y hasta el momento de realizar el trabajo de campo, Nafarbide sigue contando solo con dos trabajadores, el director gerente, que es el exconcejal socialista de Pamplona Federico Comenar, y un administrativo.

Destaca que en septiembre de 2024, la Comisión Europea emitió un informe favorable que le permitirá poner en marcha los peajes.

Ese año, la empresa contrató un asesoramiento externo para redactar los pliegos para implantar los peajes en la A-1 y el correspondiente sistema de control y los pliegos de los arcos del peaje.

La empresa pública matriz de todas las sociedades públicas, la CPEN, concedió a Nafarbide en 2024 un préstamo de 150.000 euros para financiar transitoriamente su actividad.

El departamento de Cohesión Territorial le transfirió 360.000 euros para sufragar sus gastos en diciembre de ese año. El órgano fiscalizador señala que tras requerimientos del interventor delegado, ese convenio se liquidó con 6 meses de retraso: Nafarbide deberá reintegrar 106.000 euros al departamento.

Sobre la creación de la sociedad, Comptos se remite a lo indicado en su informe anterior. Indica que en julio de 2025 el Gobierno la declaró ente instrumental y ahora se deberá concretar el alcance del encargo que dejará en sus manos.

LO QUE AÑADIÓ EL AUDITOR SOBRE NAFARBIDE Y COMPTOS HA SUPRIMIDO

El auditor que realizó el informe destaca que hay cuestiones “relevantes” que se han suprimido de su informe junto con su recomendación de que se disuelva esta sociedad pública:

Así, señala que Nafarbide incrementará los costes, ya que se convertirá en “una intermediación innecesaria” entre la Administración foral y el libre mercado.

Además, destaca que excederá el límite legal de contratación sin causa que lo justifique. Recuerda que los entes instrumentales, como es el caso de Nafarbide, pueden contratar con terceros prestaciones necesarias para llevar a cabo el encargo, “sin exceder el 50% del importe del mismo”, como señala la ley foral de Contratos. “Si un ente instrumental no puede ejecutar por sí mismo al menos el 50% del encargo, no puede ser considerado idóneo para realizar esta prestación”, agrega. Apunta que la ley de Contratos Públicos (artículo 8.7) permite superar ese porcentaje “de forma excepcional” si eso redunda en la economía, la eficacia o la eficiencia del encargo, excepciones que se deben interpretar de manera restrictiva, indica.

Sostiene que ante el volumen de inversiones que va a realizar Nafarbide (al menos 2.600 millones en 30 años), va a tener que recurrir “de forma sistemática y recurrente a licitaciones públicas” y va a “incumplir sistemáticamente la limitación del 50%” en cada encargo que se formalice “sin causa que lo justifique”.

QUÉ RESPONDE EL PRESIDENTE DE COMPTOS PARA JUSTIFICAR LA SUPRESIÓN

El presidente de la Cámara de Comptos insiste en lo recogido por el informe actual, señalando que hay que esperar a conocer el alcance del encargo que realiza el Gobierno a esta sociedad pública tras declararla ente instrumental y hasta ese momento, Nafarbide dispone de los mínimos necesarios para ponerla en marcha. “El resto de comentarios”, señala, “son hechos futuribles” e “interpretaciones subjetivas” del auditor.

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