El departamento de Derechos Sociales ha hecho una propuesta formal a Tasubinsa para tratar de desatascar el conflicto por la financiación del transporte, un servicio del que hacen uso 271 de las 1.560 personas usuarias con las que cuenta la entidad. El Gobierno plantea una solución, sólo para este año 2026, "que exige un esfuerzo a ambas partes". Esto es, que Tasubinsa asuma los incrementos correspondientes al primer trimestre y que, a partir del 1 de abril, los usuarios vean incrementada su cuota. ¿Cuánto? Los de centro ocupacional (200 personas), de los 70 euros actuales hasta 100. Los de centro especial de empleo (71 personas), hasta 150 euros al mes. 

Para cubrir el resto del montante el Gobierno foral aportaría en torno a 220.000 euros a través de una modificación de los presupuestos. 

En cualquier caso, el Gobierno de Navarra pretende establecer este año una mesa de trabajo "que permita realizar una análisis completo y estudiar la situación de los centros ocupacionales de Navarra", con el objetivo de "realizar un planteamiento integral para el año 2027". 

EL ORIGEN DEL CONFLICTO 

Tasubinsa anunció a finales del año pasado que en 2026 iba a dejar de financiar el servicio de autobús tal y como venía haciendo por inviabilidad económica. En 2025, de un coste total de 700.000 euros, la entidad asumió 400.000 y los usuarios, los 300.000 restantes. Aunque anunció que el cambio entraría en vigor en enero de 2026, finalmente concedió un aplazamiento hasta el 1 de abril. 

La decisión ha provocado gran incertidumbre entre los usuarios y sus familias, ya que muchos dependen de este servicio para llegar hasta sus correspondientes centros. Tasubinsa cuenta con 13 sedes repartidas por toda la geografía foral. 

Tanto Tasubinsa como entidad, como las familias de las personas usuarias, que son las que han impulsado las movilizaciones desarrolladas hasta la fecha, mostraban este viernes su satisfacción con la propuesta planteada por Derechos Sociales. "La sensación es positiva. Este año nosotros asumimos la financiación de este primer trimestre y el resto se reparte entre la Administración y las personas que utilizan el transporte", contextualizaba Javier Lagunas, director gerente de la entidad. El aporte de fondos públicos permite salvar la urgencia de la situación y deja por delante "nueve meses para seguir trabajando y buscar una solución más estable", refería. 

Iker Echeverría Urra, representante de las familias, compartía la sensación de alivio. "Estoy recibiendo muchas llamadas y en general, la sensación es positiva. Teníamos una incertidumbre muy grande con este tema, mucha preocupación porque los precios que se barajaban al principio eran inasumibles, más si se iba dando de baja la gente. De esta manera, aunque suban las cuotas, tenemos un precio asegurado al mes y eso es muy importante". Echeverria mostraba su confianza en que esta partida presupuestaria que se ha conseguido in extremis no sea un mero parche para este año, sino que se vea asentada en los próximos presupuestos. También agradecía a las familias de los centros ocupacionales las movilizaciones realizadas, así como el apoyo recibido por los grupos parlamentarios.