La irregularidad administrativa de las personas llegadas de otros países propicia la exclusión social; y la exclusión social, además de ser un drama individual, lo es también colectivo, porque redunda en una sociedad menos cohesionada. Este es el diagnóstico que comparten las cinco entidades consultadas para este reportaje: Cruz Roja Navarra, Cáritas Pamplona-Tudela, CEAR Navarra, Apoyo Mutuo y Punto de Información para personas Migrantes (PIM).

¿CONVIVIMOS O COEXISTIMOS? LA PRECARIEDAD COMO BARRERA

“La interacción entre población migrante y autóctona es real y cotidiana, especialmente en los ámbitos de vecindad y trabajo, con modelos culturales compartidos en los que se mantienen costumbres propias junto con las comunes”, valora Maite Quintana, directora de Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela que, sin embargo, llama la atención sobre una paradoja: “Un alto grado de arraigo sociocultural convive con una importante fragilidad socioeconómica”. A su juicio, la integración plena exige reducir las “desigualdades socioeconómicas persistentes” que refleja el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Navarra 2025, donde se confirma que “la nacionalidad y el origen son factores determinantes de riesgo de exclusión”, que es 4,5 veces superior para las personas con nacionalidad extranjera.

Comparte el análisis Nadia Zakharova, responsable de Migraciones de Cruz Roja Navarra. “En general, el nivel de convivencia es positivo, aunque la integración no es homogénea y coexisten realidades diversas según el territorio, la situación administrativa, el acceso a recursos y las redes de apoyo disponibles. Todavía se producen situaciones donde la convivencia se basa más en la coexistencia, especialmente en contextos donde la precariedad genera barreras”. 

Algo más pesimistas se muestran en CEAR Navarra, donde su coordinadora, Idoia Oneca, piensa que “compartimos espacios, pero no se generan relaciones profundas o de sentido de pertenencia. En este sentido, la barrera idiomática juega también un papel fundamental en esa separación”. Juanjo Aragón, maestro jubilado e integrante de Apoyo Mutuo, es todavía más tajante. “Si entendemos como mejor nivel (de integración) la interculturalidad, la multiculturalidad como intermedio y el racismo como el peor, creo que estamos en un estadio multicultural 'pelao'”, describe. A su juicio, detrás residen intereses económicos y políticos. “Hay grupos de poder que fomentan la xenofobia porque quieren tener población esclava”, sostiene, y recurre a una metáfora. “La expresión tender puentes, tan utilizada por todo el espectro político, es síntoma de que estamos en pañales. El tema no es que ellos vayan por una orilla y nosotros por otra, y que tendamos puentes para saludarnos o celebrar un día señalado con comidas y danzas regionales. La inclusión sería que estemos en el mismo río, que nademos juntos, y que pongamos presas o flotadores para que el que no sabe nadar no se ahogue. No ahogamos al inmigrante, pero le dejamos ahogarse”.

Isabel Díez-Díaz, miembro del PIM/MIG (Punto de Información para personas Migradas/ Pertsona Migratuendako Informazio Gunea) también ve “poca integración de las personas de origen extranjero. “Nos hemos acostumbrado a ver a población de otros orígenes, pero coexistimos, sin más”. De igual modo, aprecia diferencias en el proceso de inclusión en función de las circunstancias del migrante. “Es más fácil para la gente con estudios, o que llegan para terminarlos aquí, o que vienen con dinero y un proyecto de vida, montan empresas, son autónomos... Se ven las diferencias de clase y de educación”, observa. 

¿EXISTEN CONFLICTOS O SITUACIONES DE TENSIÓN LATENTE?

Oneca (CEAR) no percibe “conflictos generalizados”, pero sí “un cambio” en el clima social en los últimos años. “Criminalizar y culpar a todo el colectivo migrante, sin mirar a las personas de forma individual, hace que surjan hechos aislados pero muy significativos de hacia dónde nos estamos asomando como sociedad”, dice, citando a Marcilla o a los jóvenes “en extrema vulnerabilidad” de la antigua ikastola Jaso o de Aranzadi como ejemplos. “Se alimenta un discurso cargado de prejuicios y criminalización de las personas migrantes”. 

También sobre los discursos alerta Aragón (Apoyo Mutuo). “Sólo hay que ver y oír a los medios de propaganda xenófoba. Una señora que vive en San Jorge tiene miedo a salir de casa porque la pueden asaltar, robar u ocuparle la casa cuando está fuera. La gente denuncia a muchachos con aspecto de fuera cuando van en grupo, cosa que si son de aquí, no”, ejemplifica. 

“Los indicadores no apuntan a un escenario de conflictividad social generalizada”, sostiene Quintana (Cáritas). “Es cierto que en los últimos meses se han producido situaciones puntuales vinculadas a jóvenes migrantes en situación de calle que requieren atención y respuesta institucional, pero no reflejan una realidad extendida ni estructural”, valora. 

Para Díez-Díaz (PIM), los conflictos son consustanciales a la existencia de distintas comunidades, sean o no migrantes. “La emigración son jerarquías. Los que llevan un tiempo van subiendo y los que van llegando son los excluidos. Hay xenofobia entre los diferentes grupos étnicos de África o entre los países latinos”. Y pone sobre la mesa cómo interfiere el factor de la religión . “A pesar de lo que dice la mayoría de gente, no creo que sea esa la cuestión. Mi opinión es que no se puede imponer nuestra manera de vivir en la sociedad de acogida. Las creencias, la espiritualidad, son cuestiones íntimas y no se puede ceder a exigencias (llevar el velo en el colegio o en sitios de la administración, espacios que no sean mixtos, etc.) que son contradictorias con nuestros avances ”, aporta. 

IVIVIENDA Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, LAS GRANDES TRABAS 

 “Las principales dificultades que suelen afrontar las personas migrantes están relacionadas con trámites administrativos complejos y prolongados; con el acceso a la vivienda, especialmente en zonas donde la demanda es elevada y los requisitos del mercado dificultan aún más la entrada; y con el desconocimiento del idioma en las etapas iniciales”. 

El diagnóstico de Zakharova (Cruz Roja) es compartido por el resto de voces. “Vivienda, vivienda, vivienda. Vivienda y trabajo”, resume Díez-Díaz (PIM). “La exclusión en vivienda afecta al 22% de la población navarra”, apuntan desde Cáritas. “La normativa para regularizarse administrativamente la residencia coloca a las personas en una situación irregular en un periodo largo de tiempo, con la dificultad de acceder a derechos, entrando en una economía sumergida aunque tengan oportunidades laborales”, apunta Quintana (Cáritas). 

Le sigue Aragón (Apoyo Mutuo): “Se aplica a los inmigrantes sistemáticamente el alma de toda dictadura: la burocracia”, sentencia. “La ley dice que dos años es el periodo de tiempo para conseguir el permiso de trabajo o residencia, pero la burocracia lo duplica hasta hacerlo imposible. Son años y años sin poder trabajar de forma legal, siendo excluido”, sostiene, recordando las dificultades para simplemente empadronarse. “Es un proceso que, en Iruña, como mínimo lleva seis meses”. 

También al padrón se refiere Oneca (CEAR). “Es la puerta de acceso al resto de derechos y actualmente hay dificultades para poder empadronarse (hacinamiento, exigencia de dinero, falta de documentación identificativa)”, expone. “Debería ser una prioridad de la Administración garantizarlo, sin obstáculos”. Este laberinto de papeleos y plazos que se incumplen abona el terreno a que las personas migrantes sufran “abusos económicos” para ser capaces de sacar adelante “tramitaciones complejas”. “No cuentan con el apoyo que la Administración debería darles”, valora Quintana (Cáritas). 

LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

CEAR plantea las dificultades de acceder a formación reglada y la dificultad de homologar los títulos obtenidos en el extranjero como otro de los impedimentos para la inclusión. Cáritas corrobora. “En España la homologación y validación de títulos sigue siendo un proceso complejo y prolongado. Este escollo afecta especialmente a profesionales cualificados que, sin validación oficial de sus estudios, acaban ocupando puestos de menor cualificación, con salarios y condiciones precarios”. 

¿ES NECESARIA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA? 

Pleno al sí entre las cinco entidades. “Supone un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas que ya forman parte de la sociedad navarra y que, en su día a día, conviven, trabajan, estudian y contribuyen de manera constante al desarrollo social, comunitario y económico”, alega Zakharova (Cruz Roja). 

CEAR, que como Cáritas participó en promover la ILP por la regularización extraordinaria que llegó al Congreso (aunque finalmente el Gobierno lo abordó vía decreto-ley), valora la decisión como “una magnífica noticia”. “Echamos de menos un mayor consenso parlamentario, pero es un gran paso en la lucha por los derechos de las personas que se encuentran en situación irregular” y, por tanto, abocadas a vivir de la economía sumergida o de las ayudas. “La regularización es la condición mínima para salir del modo supervivencia, para poder ejercer derechos básicos. Es reconocer jurídicamente una realidad ya existente de personas que viven, trabajan, cuidan y participan en la sociedad desde hace años”. 

Para Cáritas, “la medida es una oportunidad positiva y un reconocimiento a la realidad social ya existente”. “La inmigración es un fenómeno estructural que configura a la sociedad española y navarra. Son personas que ya contribuyen al desarrollo económico y social, pero que carecen de estabilidad jurídica”. Sí creen que el proceso podría haberse realizado “con mejor información”. “La experiencia demuestra que la falta de información concreta sobre requisitos, plazos o procedimientos genera incertidumbre, ansiedad y situaciones abusivas a las que ya estamos asistiendo”. 

“La regularización es necesaria porque esta situación es insostenible”, concluye Aragón (Apoyo Mutuo). “Claro que es una medida necesaria, es de justicia”, corrobora desde el PIM. Para que las personas se incluyan en la sociedad también tienen que tener derechos, no sólo deberes. Además, nos interesa que estas personas trabajen y refuercen el sistema social. Hoy en Navarra hay muchas personas que han nacido fuera, y está bien. Estamos en una especie de aldea global, como decía McLuhan”.

¿ESTÁ PREPARADA LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTE PROCESO?

Más dudas suscita el músculo de la Administración para acometer en menos de dos meses un proceso que puede beneficiar a más de medio millón de personas. “A día de hoy, la capacidad técnica es insuficiente”, apunta Oneca (CEAR). “Hace falta reforzar al personal, realizar campañas informativas claras para evitar incertidumbre, bulos y saturaciones, y contar con la red de recursos especializados de extranjería y asilo para apoyar”. 

Concuerda Díez-Díaz (PIM). “A día de hoy, salvo quizás en algunas grandes ciudades del Estado, la Administración no tiene la capacidad técnica, jurídica y operativa para esta operación masiva”, valora, para después sugerir. “Hay que crear mecanismos como oficinas de información en varios idiomas, contratar a gente de origen extranjero, facilitar folletos explicativos fáciles, implicar a los consulados en los países de origen y a las asociaciones de extranjeros”. 

“Sería necesario disponer de herramientas que faciliten la agilidad y la transparencia, como canales de información accesibles, que resultan fundamentales para evitar situaciones de vulnerabilidad o de no acceso por desconocimiento, barreras idiomáticas o por la complejidad administrativa”, añade Zakharova (Cruz Roja). 

Para Quintana (Cáritas), va a resultar “determinante asegurar criterios homogéneos en todo el territorio y una comunicación transparente que reduzca incertidumbres”. “La Administración dispone de base normativa suficiente; la clave estará en la gestión eficaz y en la capacidad de dotar al proceso de agilidad para evitar nuevas demoras”.

CAMBIAR EL SISTEMA PARA EVITAR BOLSAS DE IRREGULARIDAD

Más allá de esta regularización, son varias las entidades que ponen sobre la mesa cambios estructurales en el sistema. “La ley actual de Extranjería no es válida, porque cada cierto tiempo hay que hacer reajustes excepcionales”, recuerda Aragón (Apoyo Mutuo). 

“Es imprescindible revisar el funcionamiento ordinario del sistema para evitar que se vuelvan a generar situaciones de irregularidad”, apoya Quintana (Cáritas). “El objetivo no debe limitarse a resolver situaciones existentes, sino que no vuelvan a generarse nuevas bolsas de exclusión en el futuro”, incide, concretando algunas de las vías para ello. “Una de las prioridades debería ser reforzar y flexibilizar las vías habituales de acceso a la residencia y al trabajo. En demasiadas ocasiones se produce lo que se conoce como irregularidad sobrevenida: personas que pierden su autorización por no cumplir determinados requisitos formales, aun manteniendo arraigo social y laboral”. Asimismo, invita a “facilitar vías legales y seguras de migración laboral ajustadas a las necesidades reales del mercado de trabajo”. 

Desde Cruz Roja invitan a trabajar “desde un enfoque integral de derechos”. “La estabilidad administrativa, el acceso a oportunidades y la cohesión comunitaria son pilares esenciales para construir una sociedad inclusiva”, cierra Zakharova.