Matrimonios forzados
Invisible y casada con 14 años en Navarra
Los matrimonios forzados son una práctica que no termina de desaparecer en sociedades modernas. Si la edad media real para que una mujer se case en la Comunidad foral es de 34 años según el INE, existen ‘esposas’ de 20 menos
Actualizado el 26/01/2026 a las 08:10
Todas las personas consultadas para la elaboración de este reportaje coinciden en que son casos excepcionales en Navarra. Casarse por debajo de los 16 años ni siquiera está contemplado por la legislación, pero a la vez, esas mismas fuentes coinciden en que sí que existen, se dan, aunque sean difíciles de ver. Jurídicamente, si se encuentran y persiguen, pueden ser llevados ante un tribunal en caso de que se lleve a cabo una investigación policial y la Fiscalía considere por ejemplo que hay pruebas de que esa menor es víctima de una agresión sexual a menor de 16 años. También está la opción de la trata de seres humanos (alguna de estas jóvenes combinan un matrimonio a muy corta edad con prácticas como la mendicidad o incluso la prostitución), pero no es un camino sencillo. Socialmente, en determinados grupos, se ha aceptado como parte de una tradición heredada y se convive con ello. Ha habido casos en los que meses de trabajo han quedado “en nada” si la familia objeto de actuaciones se siente bajo esa ‘presión del sistema’.
Fue el caso de una investigación policial reciente en Pamplona, bastante exhaustiva. La chica, menor, compartió su situación con los servicios sociales, no con ánimo de denuncia, porque no se sentía víctima, sino como un hecho más de su biografía. La habían casado. Como a su madre o a su abuela. La Policía Municipal de la capital navarra y la Fiscalía estuvieron detrás del caso, pero en cuanto la familia se vio vigilada, desapareció del mapa. De la capital navarra se marcharon, de forma un tanto repentina, probablemente a su país de origen, Rumanía. Hace unas semanas, la Guardia Civil informaba de otro caso de menor casada, en esta ocasión una joven de solo 14 años y aportaba el ‘pago’ por la ‘transacción’: 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Originaria de una familia asentada en una localidad de la Ribera navarra, la joven abandonó su domicilio familiar tras la supuesta boda y fue hallada ejerciendo la mendicidad en un supermercado de Lleida. El ‘novio’, de 21 años, y los padres de ambos, fueron detenidos, acusados de un delito de trata de seres humanos. Tras negar la coacción la joven e indicar que no había boda ni nada se había hecho contra su voluntad, un juez de Tudela archivó el caso. La Fiscalía ha recurrido esa decisión y ahora la Audiencia ha ordenado que se reabra la investigación.
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En Navarra, la inmensa mayoría de los jóvenes que tienen 14 años se encuentran cursando 2º de la ESO. A esa edad la escolarización todavía es obligatoria. En contraste, según el Instituto Navarro de Estadística, la edad media para contraer matrimonio en la Comunidad foral es de 34 años para las mujeres y de 35 para los hombres. Además, según el INE, casarse por debajo de los 18 años está considerado como uno de los indicadores de desigualdad o práctica nociva para el desarrollo de la mujer. Así lo cuantifica con datos y señala que al menos en 2019, 2020 y 2023 se dieron en la Comunidad foral casos de chicas de 16 o 17 años que contrajeron matrimonio. Maider Marquínez, jefa de Sección de Violencia contra las Mujeres del Instituto Navarro de Igualdad y Sara San Julián, subdirectora de Transversalidad y Violencia contra las Mujeres explican que es un delito muy invisibilizado, del que apenas existen datos cuantificados en Navarra.
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En Cataluña, el periódico La Vanguardia se hacía eco hace tan solo unas semanas del balance de su cuerpo autonómico, los Mossos d’Esquadra: en los últimos 5 años sus agentes elevan a 47 los matrimonios forzados frustrados en esa comunidad. De esas 47 mujeres atendidas, 28 tenían edades inferiores a 18 años e incluso se dio un caso de una niña de 9 años, referían. “Es un abordaje sobre algo muy poco visible, muy complejo de abordar, no se denuncia y es una violencia muy integrada y muy integral, que se viene realizando desde hace muchos años y cuya prevención compete a un ámbito muy amplio de entidades e instituciones: Justicia, cuerpos policiales, educación, servicios sociales, salud, etc. El ‘camuflaje’ de esta práctica como algo cultural dificulta mucho el trabajo de sensibilización con víctimas y victimarios . ¿Existen coacciones o amenazas? ¿Se expresan o denuncian? Necesitamos disponer de puntos de partida comunes, que existan parámetros de calidad”, expresan desde el INAI. las dos técnicas se agarran en la entrevista a marcos legales desde donde se enfocan estas problématicas en Navarra, desde las leyes contra la violencia contra las mujeres, la de Igualdad o, especialmente, el protocolo específico para la prevención de matrimonios concertados, que arrancó en 2022, y que ha puesto en marcha un estudio cualitativo en la Comunidad foral. Todos apuntan también a que los casos que llegan a ser de dominio público son una proporción de los reales y que es cierto que en muchos casos están vinculados a prácticas mucho más aceptadas en etnias como la gitana oriunda de Europa del Este o en países del sur de Asia, el África subsahariana o el Magreb. Por ejemplo, el informe catalán refería que las 47 tentativas del último lustro en esa región se circunscribían a familias procedentes de Pakistán (18), Gambia (8), Marruecos (7), Senegal (4), India (2), Bangladesh (2), Guinea (2), Nigeria (1), Mali (1) y Rumanía (1), además de un caso de familia española. El protocolo de los Mossos establece tres tipos de situaciones que definen la actuación policial: sospecha, riesgo y riesgo inminente. Las vías de conocimiento de estos casos de violación de los derechos humanos tienen diferente origen y demuestran la importancia de que exista una coordinación de los cuerpos policiales con los servicios sociales de las Administraciones o los centros educativos y sanitarios.
La prevención en la que se trabaja en todos los ámbitos es la de ‘enfocar’ las gafas metafóricas con las que todos miramos nuestra realidad más cercana y denunciar aquellos casos que apunten a este fenómeno. La detección en el ámbito escolar fue determinante en el caso de la niña de 9 años, detectado en 2023, ya que la información procedió de una escuela, como también sucedió en 2022 con una adolescente de 13 años y otras cuatro de 14. En este quinquenio, los agentes fueron alertados en solo 14 ocasiones por las propias víctimas o sus familiares (12 y 2 respectivamente). Educación (11), servicios sociales (11), entidades (2) y sanidad (1) fueron las otras fuentes que informaron sobre intentos de matrimonio infantil y forzado.
Entre las señales o factores de riesgo que detallan en el INAI están las noticias acerca de “un viaje repentino o inminente a su país de origen, antecedentes familiares de matrimonio forzado o concertado, mutilación genital o embarazo en menores de 16 años, aislamiento social, anorexia, ansiedad, depresión”, siempre en un contexto de vulnerabilidad y pobreza, precisa Maider Marquínez. “La complejidad de llegar a este delito es que se suele producir dentro del contexto familiar, en una práctica que no se interpreta como violencia. Entre las líneas de acción propuestas están las de los protocoles educativos, educación es la clave en materia de prevención. En primera línea está el trabajo de educación, de salud, de los servicios sociales de base, de educación... “Hay que trabajar para que se vea que eso es una violencia, impulsar la detección y un abordaje más integral desde el ámbito psicológico, judicial, educativo... Lo que se nombra no existe”. Una de las claves que se plantean cuando trascienden casos como el de la menor vendida por 5.000 euros y hallada practicando la mendicidad es la de qué más se podría hacer para evitar este tipo de situaciones. Fuentes jurídicas apuntan a reforzar los enfoques con tipologías penales que persigan este tipo de conductas, bien por la vía del delito de agresión sexual o el de la trata, cuando esa menor es ‘vendida’ para todo. También el abordaje integral, desde la escuela a las instituciones sociales. En opinión de las técnicas del INAI, buena parte del éxito para visibilizar el problema en Cataluña viene de la mano de ONGs con experiencia que trabaja sobre el terreno. “En Navarra no existe, como sí en Cataluña, una asociación asentada que abandere la labor preventiva para detectar y trabajar esta tipología delictiva (no hay parangón con la catalana Valientes y Acompañadas), pero sí contamos con la presencia y acción de Médicos del Mundo para la formación, sensibilización y trabajo con los distintos colectivos en todo el ámbito de la mutilación genital”, señalan, avanzando que se sigue trabajando en ello.
