El secretario general técnico del departamento de Cohesión Territorial, Eduardo Jiménez Izu, dio su visto bueno jurídico al proyecto de modificado del túnel de Belate y sus sobrecostes de 8,5 millones porque se fio del criterio de la dirección externa de obra. Así, este letrado no puso en duda las causas de imprevisibilidad y los requerimientos externos argumentados por la ingeniería que lleva la dirección de obra. “Con los informes que tengo en principio hay unas causas de imprevisibilidad”, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

En su comparecencia, Eduardo Jiménez ha defendido la profesionalidad e independencia de la dirección facultativa de las obras de Belate. Como se recordará, el pasado 2 de diciembre, a raíz del reparo suspensivo de Intervención, el Gobierno de María Chivite anunció el cese del director de Obras Públicas, Pedro López, y el "recambio" de la dirección facultativa. El secretario general técnico ha evitado en todo momento cualquier crítica a López y ha respaldado su decisión de firmar la propuesta de adjudicación de Belate a pesar de la existencia de votos particulares y un reparo no suspensivo. 

A petición de la Intervención General, Eduardo Jiménez Izu redactó un informe, firmado el pasado 17 de noviembre, sobre el modificado de Belate y sus sobrecostes. En él defiende las circunstancias sobrevenidas, “imprevisibles para una entidad adjudicataria diligente”, tal como marca la Ley Foral de Contratos. Sin embargo, el informe de fiscalización del Interventor General contesta que “no puede estar de acuerdo” con las conclusiones del secretario general técnico. Este informe concluye que las modificaciones responden a la “conveniencia” de la adjudicataria (Acciona, Osés y Servinabar) y no a imprevistos o requerimientos externos, como sí defendió Jiménez.

“El informe le deja a los pies de los caballos”, le ha dicho el parlamentario de UPN, Pedro González. Además, con la decisión del Gobierno de Navarra de acatar el reparo, Eduardo Jiménez se ha quedado sin opción de defenderse mediante un informe de discrepancia. Este miércoles, en la comisión de investigación, ha tenido la oportunidad de expresar sus discrepancias pero no lo ha hecho. Ha argumentado que la Intervención General ha contado con una documentación más amplia y completa que él no ha tenido. “Yo no conocía el informe de Minas”, ha dicho como ejemplo. El informe de la Sección de Minas aclara que el nuevo proyecto de excavación y sostenimiento presentado por la dirección de obra y aceptado por Obras Públicas no responde a ningún requerimiento de la autoridad minera.

El secretario general técnico ha dejado claro que su informe jurídico se basa únicamente en el informe técnico del Servicio de Nuevas Infraestructuras, que a su vez recoge el informe de la dirección de obras, que a su vez se sustenta en un informe encargado por la adjudicataria a una empresa de ingeniería. No consultó más documentación, como los pliegos o las ofertas de las demás licitadoras, como sí hizo el Interventor General. Este último destaca que otras licitadoras supieron apreciar las dificultades que podrían encontrarse en esta obra y plantear soluciones.

Irene Royo (PP) ha planteado que ha podido ver una dejación de funciones por parte de la Administración. “¿No se cuestiona que puede haber un abuso?”, le ha preguntado. “Esto tendría que responden la dirección general de Obras Públicas”, ha sido la respuesta de Eduardo Jiménez. Irene Royo le ha recordado que “no hay corrupción si no hay connivencia o dejación de funciones de funcionarios”.

Eduardo Jiménez, letrado del Gobierno de Navarra desde hace dos décadas, llegó al departamento de Cohesión Territorial en octubre de 2023 como jefe de sección de régimen jurídico. En 2024 fue nombrado secretario general técnico.Ha aclarado que cuando él llegó al departamento, la mesa de contratación de Belate ya había entregado a Obras Públicas su propuesta de adjudicación. Así, ha dicho que no conoce en profundidad el expediente. Únicamente le ha tocado estudiar parte del procedimiento para redactar el informe de alegaciones que Cohesión Territorial presentó al informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), a petición del consejero, Óscar Chivite. En sus alegaciones, Jiménez rechaza que exista causa de nulidad de la adjudicación por el sistema de puntuación de las ofertas y porque las reuniones presenciales se sustituyeron por cruces de correos electrónicos. Respecto al sistema de puntuación, Jiménez ha afirmado que "no hay una regulación del procedimiento para valorar técnicamente". "A lo largo de 20 años de trabajo he visto todo tipo de formas, he visto valoraciones de técnicos, he visto que se valore de distintas formas, he visto reuniones presenciales y reuniones telemáticas", ha señalado.