Tasubinsa ha aceptado aplazar hasta el 1 de abril de 2026 la aplicación de la subida del precio del transporte, un servicio del que hacen uso 271 personas (200 de centro ocupacional y 71 de centro especial de empleo). La entidad había anunciado su intención de repercutir a partir del 1 de enero el coste total del transporte en las propios usuarios, una decisión que suponía para éstos ver incrementadas las cuotas de los 70 euros actuales hasta más de 200 en algunos casos. El aplazamiento viene motivado por la presión de las familias, que acudieron recientemente al Parlamento para denunciar que muchos usuarios iban a verse abocados a dejar de acudir a los centros, así como a la petición expresa del Gobierno de Navarra. Tasubinsa lamenta que el Ejecutivo no les haya garantizado ningún tipo de apoyo económico, limitándose a la creación de un grupo de trabajo sobre el que se muestran "muy poco optimistas". 

La entidad, en un comunicado dirigido a las familias, sostiene que mantener la financiación del transporte como se venía haciendo hasta ahora es inviable para su estabilidad económica. "El coste en 2025 va a superar los 700.000 euros, de los que Tasubinsa asume cerca de 400.000, mientras que el resto lo pagan las personas que utilizan este servicio. Mantener esta situación en 2026 es económicamente insostenible para Tasubinsa". Por ello, aunque acepta postergar hasta el 1 de abril la subida, advierte de que no será posible realizar "ningún aplazamiento adicional" si el Gobierno foral no ofrece una alternativa. "Queremos que entendáis que Tasubinsa no tiene la solución económica para este problema", transmite a las familias en el comunicado. 

No sólo se trata del transporte. Fuentes de la entidad explicaban a cuenta de este conflicto que los centros ocupacionales que gestionan les resultan más deficitarios cada año que pasa. "Cada año que pasa el servicio de centro ocupacional es más deficitario que el anterior, porque la subvención que recibimos para gestionar las 600 plazas que tenemos en los 11 centros repartidos por toda Navarra está muy lejos de cubrir los costes existentes. Hasta ahora hemos asumido ese déficit, y además también hemos asumido el coste extra del transporte, que nunca ha estado subvencionado, pero ya no podemos seguir asumiendo ese importe adicional", sostienen. 

UNA SOLUCIÓN QUE NO LLEGA

El 28 de noviembre una representación de familias acudieron a la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra para denunciar que la subida de la tarifa del transporte aboca a muchos usuarios que necesitan el autobús para llegar hasta el centro correspondiente (hay 13 repartidos por toda la geografía foral) a quedarse en casa. Según expusieron, las tarifas iban a oscilar entre los 170 y los 266 euros, unos precios "inasumibles" para personas que perciben entre 500 y 700 euros de ayuda, en función de su grado de discapacidad. 

Para muchos, la única alternativa es tener un familiar o allegado que les lleve y les traiga, porque "no tienen la autonomía suficiente" para desplazarse por sí mismos en el transporte público. En algunas zonas rurales, ni siquiera existe esta opción. 

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que "había que encontrar una solución" y se planteó la posibilidad de buscar la financiación a través de una enmienda a los Presupuestos Generales. Pero esa solución no ha llegado.