Diario de Navarra

De todos los organismos que han analizado el proceso de licitación y adjudicación de las obras del túnel de Belate, la Intervención General es quien ha llevado a cabo un proceso más profundo y exhaustivo. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y la Cámara de Comptos se centraron casi exclusivamente en la actuación de la mesa de contratación y si los trámites se adecuaban o no a la Ley Foral de Contratos Públicos. El interventor general, Juan José Pérez Capapay, y el jefe de servicio de Intervención, Luis Ceras, han analizado abundante documentación. Han revisado las ofertas técnicas de los licitadores y lo han cotejado con el informe de valoración redactado por el presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, con el visto bueno de los cuatro vocales técnicos. Además, solicitaron a la Sección de Minas del Gobierno de Navarra sus informes técnicos. Han revisado el proyecto original y lo han cotejado con las modificaciones propuestas por la dirección externa de obra. También han analizado los informes técnicos del Servicio de Nuevas Infraestructuras y los informes de la Secretaría General Técnica. Cabe recordar que el plazo de ocho meses para la aprobación del proyecto de modificado tuvo que ampliarse en dos ocasiones hasta los doce meses. “Debe tenerse en consideración la complejidad y cuantía de la modificación que afecta a distintas unidades de la obra, con soluciones técnicas que deben ser debatidas y acordadas entre las partes implicadas. A ello debe sumarse la extensa tramitación administrativa del expediente”, escribía el director general de Obras Públicas, Pedro López, en la justificación de las prórrogas. La fiscalización de la Cámara de Comptos, en la cuenta general de 2023, solo incluye la tramitación administrativa, hasta la adjudicación del contrato. Es decir, Comptos todavía no ha fiscalizado el alcance la ejecución del contrato y el expediente de adjudicación de la dirección de obra. El informe señala que en Belate no se garantizó suficientemente la “igualdad de trato y transparencia”. Por su parte, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) partió de las conclusiones de la Cámara de Comptos y se limitó a analizar la actuación de la mesa de contratación como órgano colegiado y la existencia o no de un conflicto de interés en la valoración de las ofertas. Esta oficina concluyó que la propuesta de adjudicación es nula de pleno de derecho tanto por el método de valoración de las ofertas como por las actuaciones de la mesa, con la adopción de acuerdos sin reunión presencial sino mediante el intercambio de correos electrónicos. En cuanto a un posible conflicto de intereses por las actuaciones del presidente de la mesa, Jesús Polo, la OANA señala que no se ha podido determinar. “Es algo que la comisión de investigación constituida en el Parlamento y a quien se dirige este informe, tendrá que tratar de delimitar”, añade. Hay que recordar también que el interventor general firma el informe de alegaciones del Gobierno de Navarra a las conclusiones de la OANA. Pérez Capapay rechaza que exista vicio de nulidad con el método de valoración de las ofertas -los vocales remitían al presidente sus puntuaciones- porque su “influencia resultaría inocua”. Además, considera que mediante el cruce de correos los miembros de la mesa pudieron garantizar una adecuada deliberación.

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La Intervención General, la que más empeño ha puesto en levantar alfombras en Belate

El informe de Juan José Pérez Capapay supera en exhaustividad y profundidad a los de la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción

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