Agentes de la UCO de la Guardia Civil acudieron este jueves a la sede de la constructora Erri Berri en Olite. De momento, el único vínculo conocido entre esta empresa y las personas investigadas por la Audiencia Nacional son dos pagos, de 50.215 y 49.277 euros, realizados en 2023 y 2024 a Servinabar. Tal como explicó Erri Berri en un comunicado el pasado 1 de diciembre, ese abono de 100.000 euros (IVA incluido) corresponde a los “servicios y gestiones comerciales dentro del proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, donde Erri Berri actuó como subcontratista”.

Las pesquisas de la Audiencia Nacional permanecen bajo secreto, por lo que se desconoce qué buscaban los agentes en esta empresa especializada en demoliciones, que trabaja tanto para el sector privado como el público en toda la geografía española.

Una de estas obras fue la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza, en el polígono de Malpica, en cuyos terrenos se ha construido un gran centro logístico del grupo Inditex. Servinabar no ejecutó ninguna obra, pero habría ayudado supuestamente a la empresa de derribos a conseguir la subcontrata.

La promotora aragonesa Montepino ganó la subasta convocada en 2023 por el Gobierno de Aragón para adquirir la parcela de 38 hectáreas en la que se ubicaba la universidad. Esta compañía adjudicó el derribo de los edificios a Acciona. A su vez, esta multinacional subcontrató los trabajos a Erri Berri SL. Las gestiones para esta subcontratación las realizó Servinabar, que pasó la correspondiente factura. “Fue una relación privada entre ambas empresas. El trabajo se desarrolló con total transparencia y en estricta conformidad con la legalidad aplicable”, insiste Erri Berri. La empresa navarra ha realizado otras demoliciones en Zaragoza, entre ellas un colegio y varias naves agrícolas.

En su comunicado, la constructora de Olite señala que no ha tenido relación personal ni profesional con Santos Cerdán. “Ningún directivo de la compañía conoce o tiene relación personal con Santos Cerdán”, aclaraban. Según un contrato de compraventa privado, el exdiputado socialista es propietario del 45% de Servinabar y la OCU sospecha que esta empresa era el vehículo para el cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública.

Los dos pagos de Erri Berri a Servinabar aparecen en la documentación entregada por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo dentro de la causa especial por la presunta trama del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán'. El primer pago, de 50.215 euros, figura en el cuarto trimestre de 2023 y el segundo pago, de 49.277 euros, en el primer trimestre de 2024, bajo el código “entrega de bienes”. El 85% de los ingresos de Servinabar, desde su creación en 2015 hasta 2024 provienen de Acciona. En el 15% restante son de una docena de empresas, entre ellas Erri Berri.

Servinabar y Acciona firmaron un memorándum por el que la empresa de Antxon Alonso se encargaba de la seguridad y prevención de varias obras. También aparecen los pagos por su participación en las UTE que se adjudicaron contratos en Navarra: las obras de acondicionamiento del pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General y dos promociones de vivienda de VPO de Nasuvinsa. Erri Berri no tiene ninguna relación con estas obras ni que la duplicación del túnel de Belate, actualmente en ejecución y que se adjudicó la UTE Acciona-Osés-Servinabar.

La empresa especializada en demoliciones concurre habitualmente a contratos de obras públicas, dentro y fuera de Navarra. Entre las principales adjudicaciones están el de conservación y rehabilitación de firmes de la red de carreteras de Navarra, la gestión del centro de conservación de Tafalla (en UTE con Sacyr) y el derribo de las antiguas naves de Superser. 

Fuera de Navarra, son conocidas las demoliciones de varios estadios de fútbol, como el Vicente Calderón, el Ramón de Carranza (Cádiz) o varias gradas de Anoeta de San Sebastián, todos ellos contratos privados. A nivel público estatal, Erri Berri se adjudicó tres contratos por valor de 3,5 millones para demoliciones de edificios propiedad de Navantia, empresa que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).