El expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, detenido este miércoles en una operación ordenada por la Audiencia Nacional, estuvo en nómina de la empresa navarra Servinabar entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Al parecer, el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, le fichó como director comercial. 

Vicente Fernández fue citado en la comisión de investigación del Senado el pasado 22 de julio, pero se acogió a su derecho a no declarar. Así, guardó silencio cuando María Caballero (UPN) le preguntó por sus vínculos con Antxon y los motivos que le llevaron a fichar por una empresa tan pequeña. Tampoco aclaró si en esa etapa laboral trabajaba en la oficina de la calle San Nicolás número 1 de Pamplona o si coincidió con otros trabajadores de Servinabar, como la pareja del parlamentario socialista Ramón Alzórriz. En aquella sesión, el senador socialista Javier Ramírez renunció a interrogar a Vicente Fernández. "Creemos no sólo en su profesionalidad sino también en su honestidad", afirmó. 

Según los datos aportado por la Hacienda Foral, Vicente Fernández cobró de Servinabar más de 100.000 euros en escasos dos años que estuvo en nómina. Muy lejos de los 250.000 euros que cobraba anualmente como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI). Entre los senadores había gran interés por saber qué le había llevado a trabajar en una pyme después de haber dirigido un consorcio público que gestiona más de 6.000 millones. Servinabar es una de las empresas investigadas en la causa especial del Tribunal Supremo. La OCU localizó en los registros un contrato por el que Santos Cerdán adquiría el 45% de esta empresa. Servinabar fue una de las adjudicatarias de las obras de duplicación del túnel de Belate junto a Acciona y Osés.

Vicente Fernández Guerrero es un letrado de la Junta de Andalucía que ocupó cargos de responsabilidad en la Administración autonómica cuando era consejera de Hacienda María Jesús Montero. En junio de 2018, cuando Montero fue nombrada ministra de Hacienda, Vicente Fernández fue designado presidente de la SEPI, pero tuvo que dejar el cargo en octubre de 2019 tras ser imputado por presunto tráfico de influencias y malversación por su papel en la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar. En el macrojuicio celebrado en la Audiencia de Sevilla resultó absuelto. La sentencia se conoció a principios de diciembre.

Vicente Fernández era el presidente de la SEPI cuando se constituyó en 2020 el fondo de rescate de empresas afectadas por la Covid. Air Europa fue la mayor beneficiada con préstamos por 475 millones. La UCO tiene pantallazos de conversaciones entre José Luis Ábalos y Víctor Áldama sobre las gestiones que el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, estaba haciendo con Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa. Se desconoce si Vicente Fernández participó en esas negociaciones. 

En el Senado también se le preguntó por sus vínculos con Leire Díez, la fontanera del PSOE, y si es cierto que pagaba el alquiler del piso de la calle Diego de León donde tenían lugar los encuentros “discretos” entre políticos y empresarios. El senador popular Francisco Bernabé aseguró que Leire Díez “promovió encuentros con periodistas y elaboró un argumentario para desacreditar” a la empresa que denunció el caso Aznacóllar y así “rehabilitar” a Vicente Fernández.

También hay informaciones periodísticas que vinculan a Vicente Fernández con la trama de hidrocarburos y una fracasada reunión con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para hablar de un proyecto de refinería en Canarias.