Noventa centros educativos han reaccionado a la dimisión del equipo directivo del CREENA por discrepancias con el convenio firmado entre Educación y la Fundación Alegría de TEA con la firma de una declaración conjunta en la que se posicionan en favor de “un sistema educativo público sólido y contra la privatización de la atención a la diversidad” que, según sostienen, implica el convenio. Por ello, exigen “retirar el permiso concedido a la Fundación Alegría, garantizar la transparencia del proceso y, si fuera necesario, pedir la dimisión del consejero”. 

COMPROMISO Y MEJORAS

Los firmantes muestran su “profundo agradecimiento” al equipo del CREENA dimitido (Ander Domblás García, Laura Barcos Pérez, Isabel Soto Enériz y Carlos Ukar Arana), por su “profesionalidad y compromiso con la educación pública”. “Han demostrado un nivel de ejemplaridad muy elevado. Asimismo, valoramos las mejoras realizadas en la detección e intervención con alumnado con necesidades educativas especiales”, apuntan. Además, muestran una “profunda preocupación ante el acuerdo firmado por el Departamento de Educación con la Fundación Alegría”. “Este acuerdo permite que personal de dicha fundación, según sus propios criterios, acceda a los centros y aulas de Navarra para atender al alumnado con TEA”. De materializarse, dicen, supondría “privatizar la educación: “Otras fundaciones o asociaciones especializadas podrían entrar también en el ámbito educativo, sustituyendo el trabajo de profesionales que llevan años contratados por el Departamento de Educación”, advierten. Del mismo modo, creen que se vulneraría “la autonomía educativa”, ya que “una entidad privada podría imponer criterios, valoraciones y modelos de intervención dentro de los espacios de la educación pública”. También piden preguntarse “quién está detrás de la Fundación Alegría”. ¿Por qué esta y no otra? ¿Qué intereses se protegen con este acuerdo? ¿Qué modelo de negocio hay detrás de la educación pública? 

Los 90 centros firmantes piden al departamento de Educación que destine “más recursos públicos para la atención a la diversidad”, una labor que debe ser “un eje estratégico de la educación pública”. Y concretan las reivindicaciones: “Horas de PT, AL y profesorado de minorías culturales acordes a las necesidades reales; implantación de la nueva figura del psicólogo/a escolar (sin sustituir a la orientación); figura del educador/a social en todos los centros; más horas de coordinación para poder diseñar planes de intervención y de innovación reales”. Igualmente, exigen que “la formación del profesorado debe realizarse dentro del horario laboral, no de manera voluntaria. Para responder a la diversidad del alumnado se necesita una formación profunda, estructurada, remunerada, con tiempo útil y real, impartida por expertos, es decir, formación pública de calidad”.