Patrimonio
Una investigación de la FNMC y el Gobierno acredita el carácter comunal de 79 bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra
El Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos renuevan para 2026 las labores de investigación iniciadas en 2025 sobre bienes que inmatriculó la Iglesia


Publicado el 27/11/2025 a las 05:00
“Una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada”. Así definía Xabier Alcuaz, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el trabajo que la entidad desarrolla de la mano del Gobierno de Navarra para documentar los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia. En un primer ejercicio, cuyos datos se presentaban este miércoles, se han detectado 79 bienes (ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos...) susceptibles de reclamar su titularidad pública. En 2026 seguirá la labor con un nuevo convenio, también de 50.000 euros.
El trabajo se basa en el listado elaborado por el Gobierno foral la pasada legislatura recopilando 2.952 notas simples de bienes inscritos por la Iglesia católica en registros de la propiedad desde principios del siglo XX. Fruto de un convenio entre la FNMC y el departamento de Desarrollo Rural del Gobierno, el investigador Alex Duró, en colaboración con la Sección de Comunales del Gobierno y la sociedad pública Intia, realiza una investigación historiográfica de los bienes en diferentes archivos. Para ello, las entidades locales deben adherirse, y así lo han hecho ya 139 con 921 bienes inmatriculados.
Así, este año se han podido investigar 174 bienes de 26 entidades locales, recabando 1.438 fuentes directas. En 21 casos se han detectado pruebas para acreditar su titularidad pública, ya sea patrimonial, comunal o de domino público; en 58 casos se han detectado indicios de titularidad pública; en 92 casos se ha concluido una titularidad privada, ya sea de un particular o de la Iglesia; y en 3 casos no ha sido posible identificar el bien.
Cada entidad local recibirá un informe detallado de sus bienes y decidirá si reclama la titularidad pública por vía legal. “Un trabajo que apoya invertir una injusticia”, añadía José Mª Aierdi, consejero de Desarrollo Rural.
