El director de Industria de la Delegación del Gobierno de Navarra, Ignacio Irujo, aclaró este martes que el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre la modificación del proyecto de duplicación del túnel de Belate y los sobrecostes, estimados en 8,5 millones. En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, explicó que el papel de la Delegación del Gobierno se limita a autorizar la utilización de explosivos para las voladuras una vez comprobada que se cumple la normativa y los trámites administrativos. “La delegación no tiene capacidad legal de autorizar la modificación del proyecto”, expresó Irujo.

El pasado mes de julio, cuando se conoció la existencia de sobrecostes, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, afirmó que el proyecto del túnel se había modificado a iniciativa de la delegación del Gobierno. Irujo afirmó este martes que no es cierto que la delegación autorizara la modificación del proyecto, como publicó este periódico entonces. “Por lo que salía en prensa, yo sabía que había polémica. Entiendo que es un tema político, que son acusaciones con ganas de hacer daño”, expuso este ingeniero de la Delegación del Gobierno.

La empresa adjudicataria de las obras del túnel, Acciona, Osés y Servinabar, presentó en abril de 2025 la solicitud ante la Delegación del Gobierno para el uso de explosivos. La autorización llegó en febrero de 2025, diez meses después, un plazo que Ignacio Irujo consideró “razonable” dentro de la magnitud y complejidad del proyecto de Belate.

La solicitud de uso de explosivos venía acompañada del proyecto de voladuras que figuraba en el proyecto original del túnel, realizado por las firmas de ingeniería Geocontrol y Sertecna. Irujo explicó que, quizás por error, enviaron también el proyecto de sostenimiento del túnel.  Dicho proyecto debía enviarse a la sección de Minas del Gobierno de Navarra, como después se hizo. Fue Minas (Gobierno de Navarra) la que cambió el sistema de sostenimiento del túnel, con unos sobrecostes de 3,8 millones.

El director de Industria explicó cómo se tramitan los permisos de uso de explosivos. La delegación remite el proyecto de voladuras a la sección de Minas del Gobierno de Navarra, de la que necesita un informe favorable. También se pide otro informe a la Guardia Civil por cuestiones de seguridad ciudadana. Una vez que se tienen ambos informes y se comprueban seguros de responsabilidad civil y otros trámites, la delegación del Gobierno redacta su informe y autoriza el uso de explosivos, fijando cantidades y modo de uso.

Irujo aclaró que la sección de Minas, como autoridad minera, sí puede modificar el proyecto de voladuras como ocurrió con Belate. Según la documentación entregada al Parlamento, Minas hizo varios requerimientos a la UTE y hubo discusiones entre las partes hasta que finalmente el Gobierno de Navarra dio el visto bueno. “Pero todo este proceso es ajeno a la Delegación del Gobierno. Yo no sé lo que sucedió entre medias”, aclaró.

EL POLVORÍN DE LA BOCA SUR ESTÁ SIN CONSTRUIR

Las obras del túnel de Belate comenzaron en abril de 2024 pero no fue hasta febrero de 2025 cuando la adjudicataria pudo empezar a utilizar explosivos por carecer de la autorización y porque el polvorín semienterrado de la boca norte no estuvo construido hasta finales de 2024. El director de Industria de la Delegación del Gobierno, Ignacio Irujo, desveló que el polvorín previsto en la boca sur todavía no se ha construido. La Delegación del Gobierno ya ha dado su autorización pero falta el visto bueno de la Guardia Civil.

Las explicaciones de Irujo causaron extrañeza al parlamentario de UPN Pedro González, quien sostuvo que hubo voladuras en la boca sur durante el verano de 2024, cuando se cerró al tráfico el túnel y se desvió la circulación por el puerto. González enseñó un escrito del consejero Óscar Chivite informando de que se habían hecho cuatro voladuras y se iba a hacer una quinta.

Irujo negó que eso fuera así. “Sin autorización, la constructora no puede comprar explosivos”, dijo. “Pues entonces el consejero nos ha mentido”, respondió el parlamentario. El director de Industria señaló  que es posible que hiciera referencia a las microvoladuras que se ejecutaron durante el estudio de vibraciones. Añadió que este es un expediente que se tramitó de forma separada.

Irujo señaló que de las tres empresas de la UTE, Acciona es la única autorizada para el uso de explosivos. Cuenta para ello con un equipo de artilleros.