El letrado Gonzalo Pérez Remondegui, que formó parte de la mesa de contratación de Belate, se ha reafirmado en sus dos votos particulares alertando de las irregularidades detectadas en el procedimiento de licitación del contrato, que finalmente fue adjudicado a la unión de empresas Acciona, Osés y Servinabar. “No fue conforme a la ley”, ha dicho este martes en el Parlamento de Navarra sobre el informe de valoración técnica de las ofertas y el sistema de votación acordado para las puntuaciones.

El testimonio de Gonzalo Pérez Remondegui en la comisión de investigación sobre obras públicas es especialmente relevante. En primer lugar porque es un técnico jurídico con plaza desde 1988 en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que en dos etapas diferentes ha sido director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pamplona. Desde 2008 es vocal de la Junta de Contratación Pública de Navarra, participando en decenas de mesas de contratación de más de 10 millones del Gobierno de Navarra y empresas públicas. Por tanto, tiene dilatada y muy variada experiencia. 

Sin embargo, nunca había participado en una mesa de contratación del departamento de Cohesión Territorial. Él estaba como suplente, así que no participó en la apertura de las ofertas. Entró en la mesa tras la renuncia de una letrada del sindicato CC OO. “No conocía a ninguno de los siete miembros de la mesa”, aclaró ayer. Ni al presidente, Jesús Polo ni al secretario, Lorenzo Serena; ni al interventor, Jesús Muñoz, que hoy está citado en la comisión. 

Y lo que se encontró Pérez Remondegui fue un proceso de licitación “para nada normal”. “Era la primera vez que emitía un voto particular”, confesó. Así, lo primero que le llamó la atención fue el sistema de votación, en la que los cuatro vocales ingenieros le enviaban al presidente sus puntuaciones y éste hacía la tabla. “En ninguna mesa en las que he participado se ha hecho así”, aclaró. Cuando en una de las reuniones se habló de que los votos del presidentes habían sido determinantes, él hizo sus propios cálculos. “Comprobé que le daban la vuelta al resultado”, dijo, en referencia a que Acciona adelantaba a la UTE de Mariezcurrena.

Además, Remondegui respaldó la actuación tanto del secretario de la mesa, Lorenzo Serena, como del interventor, Jesús Muñoz. “Me parece una afirmación lamentable que el presidente de la mesa (Jesús Polo) haya dicho en el Parlamento que los votos particulares contienen barbaridades y falsedad”, ha expresado. Pérez Remondegui apoyó la propuesta de Serena de sustituir al presidente por su suplente para que hiciera las puntuaciones sin conocer las puntuaciones de los demás. “Así se hubiera salvado la legalidad”, ha añadido.

Javier Esparza (UPN) le ha preguntado por qué Jesús Polo se “obcecó” a pesar de las advertencias de los dos letrados y el interventor. “Creo que lo que ocurrió es que los tres manifestábamos que era un vicio de procedimiento. El problema era que el sistema que se había acordado no era igualitario ni imparcial. Se confundió el vicio de procedimiento con una honestidad o deshonestidad del presidente”, ha explicado.

Como se recordará, el 7 de noviembre, el director general de Obras Públicas, Pedro López, una vez conocida la propuesta de adjudicación, convocó a los miembros de la mesa para pedir aclaraciones. Asistieron todos menos el interventor. Gonzalo Pérez Remondegui le recordó al director general que ante las dudas que podía tener, la ley contempla la posibilidad de pedir un informe a la Junta de Contratación Pública de Navarra. 

“Pensaba que lo iba a hacer. De hecho, por una cuestión diferente, llamé a la Junta de Contratación y les comenté que quizás les llegara una solicitud de informe y me dijeron que estaban en conversaciones con el departamento (de Cohesión Territorial)”, ha relatado. Pedro López finalmente no solicitó el informe y a finales de diciembre firmó la propuesta de adjudicación. En diferentes comparecencias, el director general defendió que no tenía otra opción que firmar la propuesta de adjudicación. Pérez Remondegui ha señalado que la Junta de Contratación podría haber salvado la legalidad del procedimiento.

A preguntas de Esparza, Gonzalo Pérez Remondegui ha admitido que no puede desacartar que exista conflicto de intereses por parte del presidente de la mesa. Así, ha admitido que no conoce a ningún funcionario mayor de 70 años.