La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra no ha apreciado irregularidades en la tramitación del expediente para las obras de acondicionamiento de las oficinas del pabellón Navarra Arena y lo considera “ajustado” a la normativa foral de contratos públicos. Fue el primer contrato que se adjudicaron Acciona y Servinabar, investigadas en el informe de la UCO, y uno de los que la presidenta María Chivite solicitó investigar el pasado 13 de junio a la oficina. En tres de los cuatro informes de la oficina que hasta ahora se había hecho público, entre ellos el de la obra de Belate, la conclusión de la oficina fue que la adjudicación debería ser “nula de pleno derecho”. El resultado de la investigación de este contrato, que ascendió a 3,78 millones (sin IVA), todavía no se había hecho público aunque está ya en poder de la Comisión de Investigación Constituida por el Parlamento.

Fue durante el Gobierno de Uxue Barkos, cuando el departamento de Cultura, Deporte y Juventud, que entonces dirigía Ana Herrera, sacó a licitación las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena, que todavía no se había inaugurado. El expediente para la finalización y puesta en marcha del pabellón había sido declarado “prioritario” mediante acuerdo de Gobierno el 5 de julio de 2017 que autorizó un compromiso de gasto plurianual de 6,6 millones (IVA incluido).

A pesar de no apreciar “irregularidades” en el expediente, en las actuaciones que se llevaron a cabo para preparar el contrato la oficina sí deja constancia, entre otros aspectos, de “una disconformidad” entre el anexo que contenía el modelo de declaración responsable y la cláusula del pliego que exigía a las licitadoras no estar afectadas por ninguna de las causas de exclusión señaladas en los artículos 16 y 20 de la ley de contratos públicos porque en la primera no se hizo mención alguna al segundo de esos artículos, el 20. “La entidad que concurrió a la licitación no se vio en la obligación de declarar si sus administraciones se encontraban en algún supuesto de incompatibilidad para contratar o si concurría en su persona la condición de cargo electivo”, concluye la oficina que advierte, como ya hizo en la investigación sobre la adjudicación del colegio de Arbizu, que esta circunstancia podría afectar investigaciones futuras.

Acciona y Servinabar fueron las únicas que concurrieron a la licitación con el compromiso de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias con la siguiente participación: 80% para Acciona Construcción, S. A. y 20% para Serinabar 2000.

Entre 2017 y 2023, el propietario de Servinabar 2000 SL y Alegure SL se embolsaron 4,6 millones, una vez descontado el IVA, de las cinco obras adjudicadas y ejecutadas: Navarra Arena, Archivo General, el colegio público de Arbizu y dos promociones de VPO en Erripagaña.