El fracaso de los mecanismos para reducir la pobreza energética tiene su máxima expresión en el bono social eléctrico, del que no se benefician el 80% de las personas en situación de vulnerabilidad. "La lucha contra la pobreza energética no puede ser una responsabilidad que se ponga en la ciudadanía, que ni la ha creado ni tiene los recursos. La han creado las grandes empresas y un marco regulatorio absolutamente fallido", ha censurado este martes 23 de septiembre en Pamplona la autora de los estudios estratégicos sobre participación en comunidades energéticas, Alba del Campo.

Encargados por la sociedad pública Nasuvinsa, estos trabajos buscan encontrar la fórmula de que permita el acceso de las personas vulnerables a las comunidades energéticas para mejorar su situación. Una de las principales conclusiones alcanzadas tras analizar el perfil de quienes integran estas comunidades energéticas es la ausencia casi total de las personas más necesitadas de ayuda. De hecho, en su mayoría se trata de hombres blancos de más de 50 años, con un poder adquisitivo elevado, una vivienda pagada y estudios universitarios, según ha explicado Del Campo.

Esto contrasta con uno de los objetivos declarados de las comunidades energéticas, que fueron pensadas para democratizar el acceso a proyectos colectivos de energías renovables, la eficiencia energética y movilidad sostenible. "Que no se tome esto como una crítica a quienes dedican su tiempo y energías para fomentar la creación de comunidades energéticas. Vaya por delante nuestra gratitud", ha matizado Del Campo para que no se malinterpretaran sus palabras.

Sus observaciones han ido dirigidas a la falta de asesoramiento con medios humanos y recursos económicos suficientes por parte de las Administraciones Públicas para allanar el camino a las personas vulnerables. Entre los principales obstáculos que encuentran los más desfavorecidos es la falta de tiempo para integrarse en estas iniciativas colectivas, la ausencia de conocimientos técnicos y dinero o un lenguaje complicado por sus tecnicismos que rodean estos proyectos.

Todo ello acaba ahuyentando la participación de personas vulnerables, principalmente de colectivos inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad y jóvenes. El resultado, aunque no pretendido, es un aumento de la brecha tecnológica entre los más favorecidos y los más vulnerables, según ha explicado Del Campo. Parte del problema es el enfoque con el que se ha abordado la integración de las personas vulnerables a las comunidades energéticas.

Ante la falta de indicadores fiables, se ha optado por la vía fácil al fomentar la participacion de quienes se benefician del bono social eléctrico. El inconveniente radica en que, como ha señalado Del Campo, el 80% de quienes podrían beneficiarse del bono social no lo hacen por todas las trabas que encuentran por el camino. De hecho, la mayoría de quienes cobran el bono social son familias numerosas sin grandes problemas económicos.

Por ello, la autora de los estudios ha abogado por encontrar otras fórmulas de integración. Ha destacado que las trabajadoras sociales son quienes acumulan un mayor conocimiento de la situación de vulnerabilidad de las familias, al tiempo que ha propuesto una mayor coordinación de todos los organismos públicos para detectar casos de necesidad.

También ha recomendado la designación clara de qué parte de la Administración Pública es la que tiene la responsabilidad de asumir la lucha contra la pobreza energética, ya que unos organismos y otros se pasan el problema. "Desde el ámbito local, todas las políticas de pobreza energética suelen estar vinculadas con Asuntos Sociales. No había tampoco intereses de Urbanismo ni desde Vivienda", ha comentado.

Otra de sus recomendaciones a las Administraciones Públicas ha sido perdirles "que no reinventen la rueda", es decir, que no aborden la cuestión sin contar con las entidades sociales que ya se están encargando de promover las comunidades energéticas, pero ayudándolas con personal cualificado que hagan el papel de integrar a los colectivos vulnerables, lo que pasa por dotar a estos asesores de medios y condiciones dignas mediante partidas presupuestarias que tengan continuidad en el tiempo.

Alba del Campo ha terminado su exposición agradeciendo al Gobierno de Navarra su "valentía" por promover estos estudios con ánimo de encontrar la verdad de la situación, lo que ha contrastado con otras Administraciones que prefieren ignorar el problema. También ha destacado la posición de liderazgo de la Comunidad foral a la hora de promover la creación de comunidades energéticas.