Los 62 pisos de protección oficial de Erripagaña que la unión temporal de empresas Acciona-Servinabar entregó en 2021 tenían numerosas deficiencias y carencias. De hecho, sus inquilinos fueron comunicando estas incidencias a Nasuvinsa hasta sumar 304, a una media cinco por vivienda. Cuatro años después, todavía colean algunas reparaciones, en concreto, filtraciones en los balcones, motivo por el que la constructora tiene retenidos 272.026 euros de la garantía.

Estos datos figuran en el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que señala que Nasuvinsa debería haber rechazado la entrega de esta obra hasta que las deficiencias estuvieran subsanadas.

Esta promoción de viviendas tuvo un coste de 7,7 millones, a una media de 124.000 euros por vivienda. Se trata de un bloque situado en la avenida Erripagaña 57-63 (Valle de Egüés) de seis altura, con 48 vivienda de dos dormitorios, 13 de 3 y uno de cuatro, además de trasteros y plazas de garaje. Fue construida con los estándares Passivhaus, de consumo casi nulo.

El 21 de diciembre de 2020, la dirección de obra firmó el acta de recepción de la obra pero con “reservas técnicas”. Así, el acta vino acompañada de un dossier de 230 páginas con el listado de trabajos y repasos pendientes en cada una de las viviendas. Manchas en la pintura, mobiliario con golpes, persianas rotas, cocinas sin campana, marcas en las carpinterías, duchas sin desagüe, puertas sin jambas, interruptores torcidos o manchas de espuma de poliuretano eran algunos de los defectos más frecuentes. “Ciertamente, está muy lejos de la obligación señalada en el pliego de condiciones de entregar las obras completamente acabadas y correctamente ejecutadas”, dice el informe de la OANA.

Entre junio y noviembre de 2021 llegaron los adjudicatarios de las 62 viviendas de alquiler social. Cada uno de los inquilinos fue trasladando a Nasuvinsa las incidencias que se iban encontrando. En total sumaron 304 reclamaciones, que se trasladaron a la constructora.

Dos años después, en marzo de 2023, todavía quedaban por solucionar el 20% de las deficiencias, según un oficio enviado por el gerente de Nasuvinsa a la UTE.

La otra promoción de Acciona-Servinabar analizada por Anticorrupción -46 viviendas de Erripagaña entregadas este año- también tuvo sus “reservas técnicas” en el certificado final de obra, firmado en febrero.

El listado, eso sí, era mucho menos extenso. Así, quedaba por terminar cierres y separaciones en las terrazas norte, terminar las celosías de los tendederos, repasar rodapiés y perfiles, colocación de manillas, labores de sellado, pintar algunas estancias, colocar extintores y señalética, algunas luminarias, eliminar manchas de pintura en paneles fotovoltaicos y remates varios.

La Oficina de Buenas Prácticas señala en su informe del 12 de septiembre que no consta en el expediente que se hayan reparado las deficiencias y repaso o que Nasuvinsa retuviera la garantía constituida por la UTE.

La promoción de 62 VPO en Erripagaña se adjudicó por 6,8 millones pero tuvo unos sobrecostes de 424.301 euros por imprevistos y de 486.466 euros por circunstancias previsibles. La Oficina Anticorrupción pone en duda que algunos gastos, como cambios en mobiliario, sean imprevistos. Opina que Nasuvinsa incluyó estos sobrecostes como imprevistos “con el único fin de no superar el límite del 10% del importe de adjudicación, lo que constituye un fraude de ley”.

En la promoción de 2022 de 46 VPO los sobrecostes ascendieron a 529.603 euros, un 6,78% del importe de adjudicación. Por tanto, inferior al 10% permitido. En cuanto al plazo de ejecución, Nasuvinsa lo amplió de 608 a 656 días por motivos climatológicos, pero finalmente la UTE tardó 699 días. “A pesar de que el pliego lo tipifica como falta muy grave el retraso superior a 15 días, Nasuvinsa no consideró imputar un retraso de 43 días”, señala el informe.

En la licitación de 46 VPO en Erripagaña, Acciona-Servinabar logró 10 puntos del criterio social con su promesa de contratar a tres personas con discapacidad. Según Anticorrupción, sólo contrató a una de ellas mediante una subcontrata. El 27 de agosto Nasuvinsa le envió un burofax a la UTE, donde se le recuerda que el incumplimiento del criterio social es “falta muy grave y la penalidad que conlleva es del 20% del precio de adjudicación”, es decir, 1,6 millones. El consejero José María Aierdi dijo el lunes que el procedimiento no ha terminado.

En el caso de la promoción de 62 VPO no está acreditado que Acciona Servinabar cumpliera el compromiso de subcontratar el 2% del presupuesto a centros especiales de empleo. La UTE obtuvo por ello 2,40 puntos que fueron determinantes para la adjudicación ya que Acciona-Servinabar obtuvo en total 44,99 puntos frente a los 44,95 de la siguiente oferta.