El Gobierno ha destituido a Rashid Mohamed Vázquez como director general de Función Pública y ha nombrado a Gloria Arancón como nueva responsable. 

Arancón estaba hasta este momento al frente del servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones Laborales de la propia dirección general.

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Así lo ha anunciado esta mañana la consejera del Ejecutivo, Amparo López, que ha argumentado de este modo la decisión: “Con esta designación se pretende dar un nuevo impulso en esta segunda parte de legislatura a proyectos normativos estratégicos para el departamento, como es la redacción de un nuevo Estatuto en la Función Pública, una norma que tiene ya más de 30 años y en cuya renovación viene trabajando la nueva directora general desde comienzos de legislatura”.

Cuando se le ha preguntado por los motivos de la destitución de Rashid Mohamed Vázquez y las posibles discrepancias con su gestión, la consejera se ha limitado a decir que la decisión obedece a “criterios profesionales” sin querer entrar en nada más.

"PERFIL JURÍDICO"

De Arancón ha destacado “su perfil jurídico, su amplio conocimiento de la Administración navarra y su desempeño en la elaboración normativa en el ámbito de la Función Pública”.

Ha añadido que este nombramiento está acompañado de una remodelación integral de la dirección general.

DESAVENENCIA SALARIAL CON EL GOBIERNO

Rashid Mohamed Vázquez fue nombrado director general de Función Pública el 30 de agosto de 2023 junto con otros 32 cargos de confianza tras la elección de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra. Según los datos proporcionados por el Ejecutivo en aquel momento, Mohamed nació en Vigo en 1991 y es licenciado en Derecho, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, graduado en Economía y Máster Oficial en Estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca.

También es doctor por la Universidad de Salamanca, Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad. Hasta el momento de su nombramiento era funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde 2017.

El ya ex director general de Función Pública protagonizó a finales del año pasado una sonada desavenencia en el seno de la Administración Foral cuando se planteó llevar al Ejecutivo a los tribunales por desacuerdos con su salario. Más en concreto, el conflicto estaba motivado por un complemento al que Mohamed creía tener derecho y que le hubieran supuesto unos ingresos de unos 25.000 euros extra anualmente.

La judicialización se planteó cuando el Gobierno desestimó el recurso de alzada que presentó el director general contra la orden foral que fijó el complemento con el que se equiparaba su retribución a la que tenía en su puesto en la Seguridad Social.

La ley de 2019 que regula la Administración de la Comunidad foral establece que en el caso de que un funcionario o personal fijo de las administraciones públicas sea nombrado director general, su retribución se incrementará hasta que se equipare a la que percibía en su puesto antes del nombramiento, incluida la media de sus retribuciones variables. El objetivo de esta disposición fue atraer a cargos directivos de la Administración foral a funcionarios altamente cualificados y que estos no perdieran dinero al dar ese paso.

El entonces responsable de Función Pública no estuvo de acuerdo con el complemento anual que se estableció para él por orden foral. Según explicó a este periódico Rashid Mohamed, el Ejecutivo sostiene que la referencia es su último cargo, el que ocupó tres meses hasta ser director general, y él discrepa y apunta, por ejemplo, que esa referencia podría ser la declaración de IRPF que presentó antes de entrar en el Gobierno, la de 2022. En cualquier caso, Rasih Mohamed recalcó en aquel momento que él no daba mayor importancia a este asunto que la de una discrepancia en torno a la aplicación de una ley relativamente reciente.