Representantes de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas Amianto de Navarra (ADAVAN) critican que el Gobierno de Navarra “no aplica “ el Plan de Desamiantado que existe desde 2019 para cumplir con las directivas europeas. “Ni el Gobierno ni el Parlamento cumplen con las víctimas ni con la demanda social. Parece que no les importan las muertes ni los sufrimientos”, expresa la asociación. Ayer por la mañana, varios de sus miembros se concentraron ante el Palacio de Justicia de Navarra, donde se iba a celebrar un juicio por la muerte de un trabajador achacada a la exposición al amianto.

ADAVAN expuso que desde 2021 han participado en diferentes reuniones con los grupos parlamentarios de Navarra, con varias comparecencias. A finales de 2024, apuntaron ayer, se reunieron con el presidente, Unai Hualde, al que le pidieron distintas medidas como preguntar al Gobierno foral “qué estaba haciendo con el Plan de Desamiantado”, la exigencia de poner un marcha una comisión interdepartamental y dotarla de presupuesto... “Hualde se comprometió públicamente a llevar estas propuestas al Gobierno y al Parlamento para lograr una financiación suficiente para su desarrollo. Pues nada de nada, ni siquiera se digna a contestarnos a los correos y llamadas que le enviamos. Ese es el cumplimiento de sus compromisos”. La asociación critica al Gobierno y al Parlamento, señalando que otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Baleares, Asturias, Cataluña, Galicia y Aragón ya están llevando adelante sus planes.

Sobre el juicio de ayer, que se suspendió, la asociación informó de que se trataba de un pleito por la muerte de un trabajador de AGNI/BSH. Según consta en un informe “rotundo” de Salud Laboral, apuntaron, el fallecimiento por cáncer de pulmón fue como consecuencia de una enfermedad profesional derivada de su exposición al amianto. “Las mercantiles, todas, pero especialmente BSH”, denuncia ADAVAN, han retorcido la ley y los procedimientos de manera escandalosa y abusiva, denigrando a las víctimas y sus familias, en vez de asumir su responsabilidad al no haber puesto las medidas de protección”.