Vivienda
La intervención censura el "monopolio" de Nasuvinsa en la vivienda pública y su gestión
Un informe detecta sobrecostes de 40 millones en las VPO desde 2022
Publicado el 05/08/2025 a las 05:00
Dos informes de la intervención delegada del departamento de Vivienda consideran que el Gobierno de Navarra ha creado un “sistema monopolístico” para la promoción de vivienda protegida, donde la sociedad pública Nasuvinsa es el único promotor público de alquiler social financiado con ayudas europeas. Añade que Nasuvinsa tiene unos precios de construcción superiores a la iniciativa privada, “provocando una ineficiencia en los recursos públicos y un posible quebranto a la Hacienda Foral”. La intervención delegada ha identificado en las promociones de Nasuvinsa desde 2022 sobrecostes que suman hasta 40 millones “sin explicación coherente”. “Carece de cualquier lógica -afirma- que el mismo constructor duplique los costes cuando el promotor es público, y no privado”.
Estas advertencias están recogidas en dos informes de fiscalización de junio de 2024 y junio de 2025 con reparo suspensivo. El primero de ellos paralizó un anticipo de 1,17 millones a Nasuvinsa para tres promociones de vivienda del programa Navarra Social Housing, situadas en Barañáin, Erripagaña y Azpilagaña. El segundo reparo suspendió una transferencia de 9 millones para financiar la construcción de cuatro promociones de VPO.
En ambos casos, el interventor general, Juan José Pérez Capapay, resolvió la discrepancia jurídica planteada dando la razón a la directora general de Vivienda -Maite Arrondo en el primer caso y Elga Molina Roig en el segundo ya que hubo relevo en 2024-. Pérez Capapay argumenta que la normativa permite la concesión directa de subvenciones a entes como Nasuvinsa “por razones de interés público” y que entre los ayuntamientos no hay “indicios” de que pretendan promover vivienda social en régimen de alquiler. “Al contrario, pugnan por ceder suelo a Nasuvinsa para que sea ella quien promueva directamente las viviendas”.
En cuanto a los elevados costes de construcción, el interventor general señala que la ley no marca límites y que es Nasuvinsa la que asume los riesgos económicos. Añade que no corresponde a la Intervención del Gobierno de Navarra fiscalizar los costes asumidos por Nasuvinsa sino que son objeto de una posterior auditoría pública. La última auditoría publicada por Nasuvinsa en su portal de transparencia es la de 2022.
LA CESIÓN DE PARCELAS
El Gobierno de Navarra firmó en 2022 y 2023 sendos convenios con el Ministerio de Transporte para la construcción de 320 viviendas sociales en régimen de alquiler con subvenciones de fondos europeos MRR. La interventora delegada considera que estos convenios, que no fueron fiscalizados, eran merecedores de reparo suspensivo porque es “imposible justificar que no existen más beneficiarios” de las ayudas europeas, por ejemplo, ayuntamientos que quisieran promover VPO en alquiler, mediante gestión directa o indirecta. “La Administración Foral ha decidido que el único promotor público para la construcción de vivienda de alquiler social en toda Navarra con fondos MRR sea Nasuvinsa, creando un sistema monopolístico a través de la cesión de parcelas por los entes locales”, dice.
En un informe más reciente, del pasado 26 de junio, la interventora delegada rechaza una transferencia de 9 millones del Gobierno de Navarra a Nasuvinsa como adelanto para cuatro promociones de VPO en Aranguren, Alsasua, Lumbier y Sangüesa por varios motivos, entre ellos por “falta de motivación” y porque no se acredita la solvencia financiera de Nasuvinsa para acometer las promociones de VPO financiadas con la transferencia, existiendo inconsistencias” en las previsiones de ingresos por alquileres, gastos de gestión directa y nivel de endeudamiento.
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ADVERTENCIAS DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA
Monopolio. El Gobierno foral ha creado un “sistema monopolístico” con Nasuvinsa como único promotor de alquiler social que impide a los ayuntamientos solicitar fondos europeos
Ineficiencia. Los costes de construcción de las promociones de Nasuvinsa están “muy por encima” de las iniciativas privadas
Más VPO. Las ineficiencias impiden que con los mismos recursos Nasuvinsa pueda construir un mayor número de viviendas
Viabilidad. Nasuvinsa carece de un plan de viabilidad “consistente” para autorizar anticipos y operaciones de crédito
Cesión de parcelas. Debe limitarse a 75 años, impedirse su venta y condicionar el destino de los ingresos de alquiler
Licitaciones. La oferta económica no es determinante frente a los criterios objetivos. Solicita una auditoría
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Auditoría. Como empresa pública, los gastos de Nasuvinsa no se fiscalizan previamente, por lo que hay que esperar a las auditorías para detectar posibles irregularidades
