El Gobierno de Navarra consignó en 2020 una partida de 4.999.816 euros para “actuaciones frente a la despoblación” que beneficiaron a municipios no incluidos en la relación de pueblos en declive o amenazados por el descenso del censo demográfico. Si el número de beneficiarios del programa fue de 265, la última actualización de localidades navarras en riesgo de despoblación, revelada en junio por el propio Ejecutivo, se sitúa en 163. Un informe de reparo no suspensivo emitido por la Intervención Delegada en Administración Local y Despoblación cuestionó el fin de la concesión. Las conclusiones, fechadas en enero de 2024, fueron tajantes: “los fondos, de forma mayoritaria, no se han destinado a la lucha contra la despoblación”. La observación resume el análisis llevado a cabo sobre las subvenciones otorgadas a 38 entidades locales.

El reparo no suspensivo, que como tal no paraliza el proceso administrativo, remite a una línea de ayudas aprobadas hace cinco años con ajuste a un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo fotral y la Federación de Municipios y Concejos. Tal y como explicó entonces el director General de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el programa buscaba “mejorar los servicios” en las entidades de menor población de Navarra. Ahora bien, en la definición de ‘entidad menor’ se utilizó el criterio de tener menos de 10.000 habitantes empleado “en el Estado” -como señaló- en la clasificación de municipios de mayor o menor tamaño. Conforme a las negociaciones pactadas con EH Bildu, el Ejecutivo navarro estructuró las cantidades de 16.518 a 36.000 euros en tres niveles según el número de habitantes: menos de 2.000, de 2.000 a 3.000 y más de 3.000.

Lo que Intervención viene a censurar es el incumplimiento del fin de la subvención -señalado como tal en el denominado Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para municipios de Población Inferior a 10.000 habitantes-Lucha contra la Despoblación- y el destino real de las cantidades dadas. “Estos fondos no pueden ser justificados como lucha contra la despoblación. No ha existido ni eficacia, ni eficiencia económica, ya que se estima que la gran parte de los 5 millones no han sido destinados a la lucha contra la despoblación sino a financiar inversiones ordinarias”. Como se apunta en la respuesta de Intervención, entre los destinatarios hay municipios “que no tienen problemas de despoblación”. El riesgo no existe, según se lee en el informe, en términos como Aoiz, Huarte, Puente La Reina, Etxarri Aranatz o Alsasua, cuyos ayuntamientos pudieron valerse de las ayudas recibidas para acometer mejoras u obras.

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De hecho, Intervención instó al director general de Administración Local y Despoblación “a utilizar los fondos públicos para su destino (lucha contra la despoblación) y evitar propuestas normativas cuyo destino real es para realizar inversiones ordinarias (habituales de las entidades locales), no siendo real que se luche contra la despoblación”. Es más, el propio órgano velador del destino de las cuentas públicas recuerda que el caso no es nuevo. En noviembre de 2021, realizó un “reparo suspensivo en la adjudicación de la convocatoria de subvenciones para la lucha contra la despoblación por el mismo motivo, ya que se financiaban gastos ordinario (en este caso corrientes” de los consistorios.

REINTEGROS DE AYUNTAMIENTOS

Aunque remita a un acuerdo de 2020, adoptado durante la desescalada de la pandemia, no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha conocido el proceso administrativo y las objeciones formuladas por su divulgación en el Portal de Transparencia del Gobierno foral. El informe de Intervención aparece acompañado de solicitudes de reintegros remitidas a ayuntamientos, como el de Ituren o Erastun, que gastaron menos que lo estipulado o no llevaron a cabo “actuaciones contempladas”. En el caso de Ituren, las razones de reintegro son específicas: al no ejecutarse la inversión “no cumple con ninguno de los objetivos de la lucha contra la despoblación”.

Los ayuntamientos requeridos por la Dirección General de Administracion Local y Despoblación para devolver el excedente de las ayudas concedidas para luchar contra la despoblación se libraron de abonar los intereses. Si así ocurrió fue por “la ostensible dilación en el procedimiento de inicio del reintegro”, como aparece recogido en el informe de Intervención Delegada en Administración Local y Despoblación.

Claro está, había ayuntamientos que tuvieron dinero de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (ACFNa) “dos años y medio, en concreto, desde agosto de 2020”. La propia Intervención Delegada indicó a finales de 2021 que “los reintegros deberían sufrir intereses” al no existir una ley foral que los eximiese. Entonces, la Dirección General de Administracion Local -siempre según el informe de reparo no suspensivo-, aclaró que el Fondo de las Haciendas Locales (FHL) “no es dinero” de la Administración foral sino de las propias entidades locales y, por tanto, “no deben sufrir intereses”. La dirección general propuso una modificación normativa, a través de una ley foral en 2022, “para evitar cobrar intereses a las transferencias” a las entidades locales por pagos del Fondo de las Haciendas Locales. En el caso particular de la lucha contra la despoblación, técnicos del Gobierno foral emitieron informes, pero no pudieron ser considerados “como iniciadores del procedimiento de reintegro, sino como actuaciones previas”.