La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a Servinabar, empresa de Antxon Alonso que forma parte de la contrata de Belate, como “una sociedad creada ad hoc para lucrarse” con la obra de Mina Muga y “otras venideras” en unión temporal de empresas (UTE) con Acciona “sin que conste ninguna contribución precisa a ellas”. Como se recordará, en un contrato privado de compraventa, el exdirigente socialista Santos Cerdán figura como dueño del 45% de Servinabar.

El jefe de esta fiscalía especial, Alejandro Luzón, se ha opuesto al recurso presentado por el que fuera director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona entre 2015 y 2019, Fernando Merino, contra las medidas cautelares que le impuso el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

En su escrito, Luzón pone el foco en “la estrecha relación” que existía entre Merino y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, del que dice que “resultó clave” para “la consecución de los objetivos empresariales de Acciona”, por ser “de la plena confianza” de Ábalos y por su “capacidad de influencia” sobre los entonces director de Carreteras, Javier Herrero, y presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Anticorrupción explica que Koldo y Merino “se conocieron en 2015 en Navarra, cuando este era el director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, al hilo de la obra Mina Muga”. Merino declaró que para conseguir adjudicaciones era “una condición necesaria” presentarse con una empresa local, motivo por el que se alió con Servinabar.

Esto lleva al fiscal a aseverar que “Servinabar, vinculada a Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada ad hoc para lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas”. De esta forma, relata, Merino inició una relación con Alonso y Cerdán “que se extiende después a su participación en otras obras en Navarra de la UTE Acciona/Servinabar, como el pabellón Navarra Arena.

El juez del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha accedido a la petición de Santos Cerdán de realizar una pericial sobre los audios intervenidos a Koldo García. El magistrado acuerda la práctica de una pericial para determinar si los archivos de audio contenidos en el informe de la UCO y anexos que lo acompañan resultan auténticos y descartar que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición, como ha sugerido la defensa de Cerdán. Para la práctica de la pericial se ha designado al Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil.