El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha advertido de la “capacidad” del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para “ocultar pruebas”, “condicionar a testigos o investigados” e influir en los “aún desconocidos” pagadores de los supuestos amaños para oponerse a su salida de prisión.

Tal y como publicó este periódico el pasado sábado, el fiscal se opone a la petición del exnúmero tres del PSOE de salir de prisión, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas por el que el juez le envió a la cárcel tras declarar por un presunto reparto de mordidas por adjudicaciones públicas. En su escrito para sostener la prisión, Luzón destaca “la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal, el papel director de Cerdán, el inicial estado de la investigación contra él (...), la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, aún desconocidos”. Ello junto a “la capacidad que Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas, y condicionar a testigos o investigados, determinan la necesidad de mantener la prisión provisional”. “Es precisamente el actual desconocimiento de las comunicaciones de Cerdán con la parte activa de la corrupción y hasta la identidad y los detalles de sus relaciones con esta, lo que genera el apuntado riesgo de alteración o destrucción de pruebas”, alega.

El fiscal destaca que el papel de Cerdán en la organización era “capital” por su “posición funcional”, ya que las grabaciones evidencian que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, “estaban en manos de Cerdán” en relación a las supuestas mordidas, que cree que debieron de ser superiores al millón de euros de las grabaciones. “Qué personas físicas o jurídicas, además del propio Cerdán, pudieran ser destinatarios del botín obtenido, es algo que conoce, sin duda, el propio Santos”.

Por tanto, “todas estas circunstancias, todavía no suficientemente esclarecidas pero de las que Santos Cerdán tiene un conocimiento privilegiado, ponen de manifiesto la necesidad de conjurar el riesgo de que, de permanecer este en libertad pudiera ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas relevantes”, añade.

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EL CONTRATO CON SERVINABAR ES UN "MANUAL DE OCULTACIÓN"

Anticorrupción ataca asimismo la teoría del “delito provocado” que lanza la defensa de Cerdán al presentar a Koldo García como una especie de agente encubierto que propició las conversaciones grabadas que constituyen uno de los principales indicios contra los imputados.

“El autor de la grabación no mueve a la decisión de delinquir a quien no tenía propósito de hacerlo, sino que Koldo García, presumiblemente, pretendía documentar y conservar para sí la acreditación de una infracción delictiva previa, ya cometida o incluso que se estaba cometiendo”, sostiene la Fiscalía, para destacar las grabaciones intervenidas por “su extraordinario potencial incriminatorio contra Cerdán”, que revelan su papel en la trama “como responsable de repartir las dádivas recibidas y de solicitar su pago a los beneficiarios de tales adjudicaciones”.

Luzón añade a ello “la inequívoca vinculación” con Servinabar, la empresa sospechosa de amaños de su amigo Antxon Alonso, con quien firmó un contrato para adquirir casi la mitad de la compañía, del que dijo que era un “borrador de escritura” que no llegó a ejecutarse.

No lo entiende así el fiscal, quien ve “incuestionable” la relación de Cerdán con la empresa, pues “se trata de un documento fechado, sellado y firmado en todas sus páginas por comprador y vendedor denominado escritura de compraventa de participaciones”. Y considera que “no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta”. Para el fiscal, “esta operativa tantas veces vista” es “literalmente de manual de ocultación de titularidades reales”.

SU "LLAMATIVO INTERÉS" POR LAS OBRAS SOSPECHOSAS

Otro indicio es el pago de 4.500 euros de Servinabar a Fiadelso, la fundación del exministro, que Alonso y Ábalos enmarcan como donación. Cree la Fiscalía que esos ingresos “no parecen haber tenido un carácter puntual sino periódico”, en la medida en la que Koldo se disculpó por el retraso en el pago a la hija de Ábalos.

También cita su “llamativo interés” en las obras sospechosas de haber sido amañadas y que “no se agota con la salida del Ministerio de Ábalos y Koldo”, sino que “parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones” de Transportes.