Lo anunció el miércoles y lo aprobó este viernes, rápido como rápido han corrido los acontecimientos en estos diez últimos días que, de tanta noticia, han parecido diez meses. El Gobierno de Navarra va a solicitar personarse como acusación particular en la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por la supuesta trama corrupta de cobro de mordidas en adjudicaciones de obras públicas. La investigación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone a Navarra como territorio clave y a actores como Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y Servinabar en los puestos luminosos del reparto. Empresas adjudicatarias de obras en la Comunidad foral por parte de los gabinetes de Uxue Barkos (Geroa Bai) y el actual de María Chivite (PSN). El Gobierno pide personarse porque, dice, ha podido ser “víctima” de lo que se enjuicia. Pero, ¿de qué es víctima quien ha realizado las adjudicaciones? ¿A qué viene el cambio de roles que pretende un Ejecutivo que, por otro lado, ayuda con sus argumentos a llenar de sospechas sus propios procesos llevados a cabo? Se intuye que, en verdad, el Gobierno de Chivite busca tener acceso al sumario para no despertar cada mañana al albur incontrolable de la mala sorpresa diaria. Para no vivir en el alambre. Para no acabar abrasado.