La Provincia España Este de las Hijas de la Caridad demandó este jueves, en una rueda de prensa convocada en la sala de conferencias del colegio Santa Catalina Labouré, en Pamplona, mayor “corresponsabilidad” a las administraciones públicas en “los servicios que prestamos, que son servicios públicos, del estado de bienestar”. Carlos Piñeyroa Sierra, director general de Provincia España Este, sostuvo que “la dotación que hace el Gobierno de Navarra, como hacen también otros gobiernos autonómicos de las cinco comunidades en las que estamos [Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, además de la Comunidad foral], es insuficiente para cubrir el servicio que prestamos” en educación especial y en atención a personas mayores.

Sor Rosario Antoñana Carlos de Vergara, directora de Hogar Zoe; sor Maribel Vergara Arnedillo, visitadora de Provincia España Este; y Susana Villacampa García, directora adjunta de Educación de Provincia España Este, presentaron desde el estrado de la sala de conferencias el informe Improntas, un reflejo de las reivindicaciones y de las cuentas de resultados de las Hijas de la Caridad de Navarra en 2024. Según lo expuesto en el informe, un 24 % de la financiación de la delegación en 2024 provino de fondos privados. El resto, un 76 %, de fondos públicos, repartidos entre el Gobierno de Navarra, que aportó la parte mayoritaria, y el Gobierno de España, en menor medida.

La cuenta de resultados reflejó 89.995 euros de pérdidas en materia de Acción Social (Residencia Betania, en Muruzábal, y Hogar Zoe, en Ororbia), mientras que en Educación (colegios Santa Luisa de Marillac, en Barañáin, y Santa Catalina Labouré) el beneficio fue de 316.029 euros. En conjunto, añadiendo al cómputo global las pérdidas por valor de 1.789 euros del Proyecto Châtillon, de atención a personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen, las Hijas de la Caridad de Navarra tuvieron 224.245 euros de beneficios en 2024.

PERSONAL PROPIO Y PÉRDIDAS

“Nosotros no le pedimos a la Administración que alcance el 100 % porque nosotros siempre vamos a ir por delante, siempre intentamos ir un paso más allá en los servicios que prestamos”, afirmó Piñeyroa durante el turno de preguntas. No obstante, el director general de Provincia España Este mostró su malestar por la congelación “desde hace cuatro años” de “las cantidades que se están pagando en el ámbito de la educación especial”. En cuanto a las residencias, Piñeyroa denunció: “No puede ser que nosotros estemos teniendo que poner personal propio para poder cubrir las necesidades que en la residencia se producen y que tengamos números rojos en la residencia”.

En materia de educación especial, Laura Flamarique Lizarbe, directora del colegio que albergó la rueda de prensa, aseguró haber notado “que se nos escucha” desde las instituciones, aunque “se necesita mucho más para llegar a todos los alumnos”. “Ahora estamos esperando que vengan los recursos de este año. No sé cuánto será, pero muchas veces no llegan ni al 40 % de lo que pedimos”, afirmó Óscar Arriazu Ruiz, orientador de Santa Catalina Labouré. “La inclusión real requiere medios reales”, añadió la directora adjunta de Educación de Provincia España Este, Susana Villacampa, que concretó las “necesidades urgentes” de su organización: “Más recursos especializados en los centros educativos, mejores oportunidades de inserción laboral y social para personas con discapacidad, itinerarios adaptados de formación profesional y acompañamiento hacia la vida adulta y un compromiso coordinado y estable por parte de las instituciones”.

Las Hijas de la Caridad también solicitaron más recursos en atención a personas mayores. “Este sector es esencial en un contexto marcado por el envejecimiento y la soledad creciente. En los últimos 20 años el número de personas mayores de 65 años ha aumentado un 40,9 %”, señaló Villacampa, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el Instituto de Estadística de Navarra. La directora adjunta de Educación denunció que “está en juego el modelo de residencias sin ánimo de lucro en un entorno rural”, por lo que solicitó “un convenio colectivo sectorial digno y sostenible que mejore las condiciones laborales de quienes cuidan, el reconocimiento del valor de los cuidados como pilar esencial del bienestar y la cohesión social, cargas de trabajo razonables que permitan cuidar con calidad y humanidad, la profesionalización y la formación continua del personal del sector”. No son las únicas medidas solicitadas: Edurne Garro Dozagarat, directora de Residencia Betania, indicó que se aspira a que los sueldos crezcan y la jornada laboral disminuya.