En relación con la noticia publicada en su medio el día 8 de junio de 2025, en la que se habla de una petición de 7 años de cárcel y 150 millones de euros en valoración por un cultivo de cáñamo, me veo obligado a aclarar los hechos, pues se trata de un proyecto legal, autorizado y vigilado desde sus inicios, ahora injustamente criminalizado.

Cultivo legal y transparente

Este proyecto nació con todos los permisos: comunicamos por escrito a las autoridades el cultivo meses antes de empezar, obteniendo su licencia para e/ secadero de cáñamo del Gobierno de Navarra, y hasta recibimos ayuda policial para recuperar plantas robadas, siendo casualmente la última vez la mañana del día que se hizo la intervención policial (apoyándonos a combatir el robo de nuestro negocio por la mañana, y tachándonos de banda criminal por la tarde). Nunca hubo actividad ilícita. E/ fin era industrial y en ningún momento para el consumo humano, ni para uso recreativo, ni medicinal y mucho menos, para e/ tráfico de drogas.

Aval institucional y financiación pública

Cabe destacar que este proyecto contó con el respaldo y la subvención de la Política Agraria Común (PAC), donde se certificó tanto el origen legal de las semillas (variedades autorizadas de cáñamo industrial) como e/ fin exclusivamente agrícola e industrial de/ cultivo. Este respaldo europeo refuerza la legitimidad del proyecto y evidencia otra contradicción más: ¿Cómo puede un mismo cultivo ser considerado legal y subvencionable por las instituciones agrarias, y al mismo tiempo perseguido penalmente como si se tratara de narcotráfico? La incoherencia institucional no solo perjudica a nuestro proyecto, sino que cuestiona la fiabilidad de todo e/ sistema de control y apoyo a/ sector agrícola,

Contradicciones de las autoridades

Una semana antes de la intervención policial, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (DRyMA) del Gobierno de Navarra nos notificó por escrito de que su resultado aleatorio confirmaba que estábamos bajo el % permitido para actuación, citando textualmente: "Hola X. Para tu tranquilidad, te paso el resultado de la muestra de cáñamo. Como ves, todo bien. " ¿Cómo se puede pasar de ese informe que valida el cultivo como lícito, a tratar el cultivo como narcotráfico?

Además, la policía foral nos exigió, bajo "recomendación", porque no tenían ninguna ley que amparará esa decisión, retirar manualmente las sumidades floridas 2 semanas antes de empezar con la recogida y venta del producto, después de habernos reunido durante meses antes al cultivo y habiendo demostrado la trazabilidad lícita del producto, su venta y su fin. Separar esta parte de la planta es ilegal por ley, (sin licencia medicinal, no se puede manipularla planta), además de inviable (requería miles de horas de trabajo sin justificación).

El mito de los 150 millones

Se habla de un valor de mercado disparatado. La realidad es que, incluso con un 100% de rendimiento, el cultivo no hubiera alcanzado ni la décima parte de esa cifra. Se inflan números para criminalizar.

Falta de base legal

Nos acusan como si todo e/ cáñamo fuera droga, ignorando que la UE y España permiten cultivos con hasta 0,3% de THC. Además existían autorizaciones explícitas para e/ secado y cultivo.

En conclusión, este caso refleja la inseguridad jurídica en España para el cáñamo industrial: se persigue a quienes cumplen la ley, mientras se toleran arbitrariedades. No somos narcotraficantes; somos agricultores que confiamos en un marco legal que, al final, nos ha fallado.

En un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Sin embargo, noticias como la publicada el 8 de junio, que presentan cifras desorbitadas y años de cárcel como si fueran sentencias firmes, no solo desinforman, sino que condicionan la opinión pública y vulneran nuestros derechos antes incluso de llegar a juicio. Este caso no es solo sobre cáñamo industrial, sino sobre cómo se debe tratara ciudadanos y empresas que actúan de buena fe, cumpliendo con todas las normativas y autorizaciones.

Exigimos que se nos juzgue con las mismas garantías que cualquier otro sector: con datos verificados, sin sensacionalismos y respetando el derecho a defendernos ante un tribunal, La justicia no se construye con titulares, sino con hechos, pruebas y, sobre todo, con el respeto a un proceso justo. Mientras tanto, seguiremos trabajando para demostrar la legalidad de nuestro proyecto, confiando en que, al final, prevalezca la verdad sobre e/ ruido mediático.

Queremos advertirle que, sugerir mis representados conformaban una organización criminal, cuando no se les acusa de ello y que el fin de la sustancia era el tráfico de drogas, cuando se trata de una afirmación totalmente falsa, constituye un atentado contra su honor.