Jueces y fiscales han realizado este miércoles en toda España un paro simbólico de 10 minutos para denunciar que la independencia judicial "está bajo amenaza" con las reformas legales emprendidas por el Gobierno, en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía". En Pamplona, más de medio centenar de jueces y fiscales, a los que se han sumado abogados y procuradores, se han concentrado en las puertas del Palacio de Justicia. A continuación, la magistrada Esther Fernández Arjonilla ha leído un manifiesto firmado por las cinco asociaciones convocantes de este paro: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El Colegio de Procuradores de Navarra se ha adherido al manifiesto.

En él, piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y del anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal porque -argumentan- suponen una "amenaza" a la independencia judicial.

Denuncian, asimismo, que estas reformas tienen lugar en un ambiente de "continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan", que tratan al Ministerio Fiscal como "un apéndice el Gobierno" y que, por todo ello, "minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

Unas reformas que van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder "con minúscula", un poder "más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder".

Denuncian que el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Critican además que se tramite "injustificadamente" por la vía de urgencia y que "meta la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", al tiempo que pretenda crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, "con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Se muestran preocupados por el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos "sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y que supone un "grave perjuicio" para las promociones más jóvenes.

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En cuanto a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, advierten que con ella quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".

Esto, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Así, reclaman la retirada de ambos proyectos y, de no ser así, no descartan medidas "más intensas", como la huelga.

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma", subraya el manifiesto, que subraya que ambas exigencias "son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país".