Los socios de Gobierno están trabajando en una modificación legal para agilizar las tramitaciones urbanísticas. La idea es implantar en la comunidad las denominadas Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs). Una nueva figura que ya opera en comunidades como Madrid o Aragón con la que entidades acreditadas por la propia administración se encargan de verificar que las licencias van cumpliendo la normativa y llegan a la administración permitiendo reducir de forma notable los plazos burocráticos para obtener dicha licencia. Lo han dado a conocer este martes los portavoces del PSN, Geroa y Contigo en la comisión de Vivienda durante el debate de enmiendas a la proposición de ley foral para el derecho a la vivienda asequible en Navarra que los tres grupos y EH Bildu registraron en marzo en el Parlamento y que este martes se ha debatido en comisión. Tras su toma en consideración y una vez dictaminada, la proposición será elevada al Pleno del día 19 para su debate definitivo y votación.

Tanto UPN como PP habían aprovechado la presentación de esta proposición para proponer la implantación en la comunidad de esta nueva figura (ECUs) que, según han defendido, permitiría reducir de forma notable los plazos burocráticos para obtener licencias. “No puede ser que cueste lo mismo obtener la licencia para un edificio de viviendas que construirlo”, ha afeado el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin. Aunque los tres grupos han coincidido en la conveniencia de impulsar esta nueva figura, han terminado rechazando tanto la enmienda de UPN como la del PP- que proponía su puesta en marcha porque, como ha explicado el portavoz socialista, Kevin Lucero, y ha completado después la portavoz de Geroa Bai, Itxaso Soto, “ya están trabajando ese tema en la modificación del texto refundido de Ordenación del Territorio que registrarán próximamente”. También el portavoz de Contigo, Daniel López, ha admitido la necesidad de poner coto a los “insoportables trámites burocráticos” que dilatan la concesión de las licencias. "Estamos de acuerdo y lo debatiremos en su momento. Los trámites urbanísticos son insoportables", ha reconocido. 

DESAPARECE EL LÍMITE DE 100.000 € PARA LA REHABILITACIÓN

Con el resto de las enmiendas de UPN y PP que se han debatido este martes en el Parlamento no ha habido sorpresas. Como se esperaba, los socios de Gobierno y EH Bildu han rechazado todas, o por estar en desacuerdo o por ser coincidentes con las propuestas que ya habían recogido. Las únicas enmiendas que han salido adelante han sido las nueve que los cuatro grupos registraron para su debate en comisión y ya contaban con los apoyos garantizados. Entre las modificaciones introducidas destaca la supresión del límite de 100.000 euros (entre bienes, derechos y activos financieros)  que los grupos habían establecido inicialmente como barrera para el acceso a subvenciones por adquisición o arrendamiento de vivienda protegida y por rehabilitación protegida. Los cuatro, también EH Bildu, han reconocido que fue un error. "Se planteó con el objetivo de que pudieran acceder a las ayudas los que lo necesitan, pero es verdad que hubiera podido terminar llevando a situaciones contradictorias. Es una rectificación y lo reconocemos", ha defendido el parlamentario Mikel Zabaleta. En la misma línea, el portavoz de Contigo ha reconocido que la  redacción que habían planteado generaba una casuística que poco o nada tenía que ver con el espíritu y las modificaciones y  generaban más dudas que certezas. "La rehabilitación seguirá funcionando como hasta ahora, por tramos de renta y antigüedad de edificio, sin ningún requisito extra. Era un error que había que corregir". Desde Geroa, su portavoz sí ha querido dejar claro que la propuesta inicial de su grupo ya era no cambiar el texto "porque es fundamental que Navarra siga dando apoyo a la rehabilitación".

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Otro de los cambios aprobados hace referencia a los requisitos generales de acceso a viviendas protegidas. Así se ha suprimido toda alusión a los ingresos generados por las transmisiones de viviendas en los últimos cinco años, de modo que, con independencia del beneficio obtenido (en el texto original se hablaba de ingresos superiores a 100.000 euros), se excluye del acceso a vivienda protegida a todas las personas que hayan vendido algún inmueble en ese período.

Respecto al sistema de adjudicación, se puntualiza que las personas que accedan a las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible incluidas dentro de las reservas especiales, no podrán participar en el proceso de selección que se configure para la asignación de viviendas incluidas dentro de las reservas generales.

Por otra parte, se ha añadido una nueva reserva en el marco de lo previsto para la adjudicación de viviendas protegidas en régimen de propiedad plena o en derecho de superficie, en este caso para las familias numerosas de categoría especial (5 o más hijos), para las que se guarda el 2% de las promociones de 50 o más inmuebles, en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible.

Continuando con las reservas especiales en régimen de alquiler y alquiler asequible, se ha agregado una nueva categoría, víctimas del terrorismo (3%), para la que se retiene el 3% de las viviendas de este tipo.

El procedimiento de adjudicación por cambio de vivienda protegida inadecuada también ha sido objeto de matización, a fin de hacer constar que se establecerán reglamentariamente las condiciones necesarias para tener derecho a una vivienda protegida de mayor tamaño, pudiéndose contemplar “excepciones o adaptaciones para unidades de convivencia específicas o situaciones de especial vulnerabilidad”.

Todas estas modificaciones han sido aprobadas con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto en contra del Grupo Mixto.

En cuanto a la promoción de viviendas de protección oficial a asociaciones sin ánimo de lucro o cooperativas en régimen de cesión de uso, se prevé que el canon periódico a abonar se ajuste a lo previsto en la normativa. Y se estipula que las cooperativas de VPO oficial solo tendrán derecho a las subvenciones previstas para las personas jurídicas promotoras de vivienda de alquiler asequible, por resultar incompatibles con cualquier otra que recoja la norma. UPN, PPN y el Grupo Mixto han votado en contra.

Por último, se ha añadido una nueva disposición transitoria única de cara a dejar sentado que la entrada en vigor de esta ley no afectará a la tramitación de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ya estuvieran en marcha, de manera que podrán continuar el proceso conforme a las determinaciones establecidas en la legislación anterior, “sin perjuicio de su posible adaptación a las previsiones contenidas en esta ley”. Sólo el Grupo Mixto ha votado en contra.