Cerca de un centenar de personas, trabajadores y trabajadoras de enfermería pertenecientes a la red de Salud Mental del Gobierno de Navarra, denuncian sentirse “extremadamente vulnerables” ante el ascenso de agresiones sufridas por parte de los pacientes y reclaman que se adopten una serie de medidas para disminuir los riesgos.

En una carta dirigida a este periódico, explican que en los últimos años al paciente que llega a las unidades de agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario de Navarra (UHP-A y UHP-B) se le ha dotado “de una mayor autonomía” para “humanizar su estancia”. Este cambio, “ si bien en principio es favorablemente recibido por quienes tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar del paciente”, sostienen, “no ha ido acompañado de las correspondientes medidas para la disminución de los riesgos que conllevan y garantizar la seguridad”.

PUERTAS, PERSONAL Y FORMACIÓN

Entre dichas medidas citan la instalación de puertas de seguridad con apertura mediante tarjetas magnéticas que faciliten un acceso rápido y seguro hacia espacios estanco; la mayor presencia tanto del personal de seguridad como de Policía Foral para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones extremas; más cursos de formación obligatorios para toda la plantilla; o que se informe a los trabajadores de nueva incorporación de las características del puesto de trabajo. Son peticiones que han venido trasladando “a las distintas direcciones” y que “iban a estar implantadas antes de finalizar el año 2024”, lamentan.

Los trabajadores constatan “la conexión directa” entre “la reducción a la mínima expresión de actuaciones que suponían la perdida de independencia” del paciente y de “las agresiones físicas sufridas”. Muchas de ellas, añaden, “llevadas a cabo en un grado extremo y que han tenido como consecuencia la correspondiente baja médica”.

RECONOCER EL RIESGO

En el escrito recuerdan que también piden desde hace años “que se ponga en valor” la labor que desarrollan y “el riesgo que conlleva”. Así, hacen un llamamiento a Función Pública para que el complemento que reciben por este concepto, actualmente de 13 euros al mes, se vea incrementado. “Consideramos esa cantidad insuficiente, por no utilizar otro término”.

Si no se han sentido escuchados por el Gobierno foral, tampoco por los sindicatos. “No hemos encontrado en ningún momento un apoyo explícito”. Por ello, tienen la sensación de haber “agotado todas las vías posibles para dejar constancia” de su situación y se sienten “exhaustos”.

“En el convencimiento de que todos queremos unos servicios atendidos por profesionales formados, convenientemente remunerados y reconocidos por sus responsables, seguiremos exigiendo que se nos ponga en valor y denunciando este tipo de situaciones”, cierran el documento.