El Juzgado de lo Social nº 2 de Pamplona ha declarado improcedente el despido de una enfermera "que perdió su puesto de trabajo en la OPE de estabilización" y condena al Servicio Navarro de Salud a "optar entre una indemnización equivalente a 33 días de salario por año trabajado o la readmisión de la trabajadora como indefinida fija", ha informado el sindicato ELA.

Según recuerda en una nota de prensa, "los juzgados de lo Social, tras la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024, comenzaron a declararse incompetentes para conocer de los asuntos de los y las empleadas públicas que tuvieran contratos administrativos". 

"De esta manera, los mismos tribunales que habían declarado fijezas hasta el momento, cerraron la puerta a que miles de personas contratadas de manera temporal por la administración pudieran reclamar sus derechos", indica.

No obstante, recientemente el Tribunal Supremo "ha rectificado su postura" y ha señalado que "los juzgados de lo Social son los que deben juzgar los casos en que haya existido fraude en la contratación, independientemente del tipo de contrato".

ELA ha señalado que, si bien la sentencia del juzgado pamplonés no es firme, "está claro que los juzgados de Navarra tendrán que hacer suyo el nuevo criterio establecido por el Supremo y los despidos volverán a ser juzgados por el orden Social cuando haya mediado fraude en la contratación".

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