Soltera, sin hijos ni familia cercana, en 2017 esta mujer decidió otorgar un poder notarial a sus vecinos, “amigos de toda la vida”, para que pudieran administrar su patrimonio. Ocho años después, una investigación del equipo Edite, especializado en Delitos Económicos de la Guardia Civil, ha determinado que esta pareja, de clase media y con sus propios ingresos, había utilizado ese documento para apropiarse de los ahorros de esta señora, de 98 años. Son un hombre y una mujer de 55 y 53 años de nacionalidad española, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tudela como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. 

El agravio supera los 111.000 euros y dejó a la víctima, que reside en una institución asistencial, en una situación económica muy precaria.

El caso se inició tras el aviso de una trabajadora social que alertó sobre la situación de precariedad económica en la que se encontraba la víctima. De la mano del juzgado, el estudio patrimonial realizado permitió detectar un desvío económico superior a 111.000 euros a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias y la venta de un inmueble propiedad de la víctima a un precio inferior al de mercado. Para llevar a cabo estas acciones, los investigados se habrían amparado en un poder notarial de administración patrimonial.

Gracias a la colaboración entre la Hacienda Foral de Navarra y la Guardia Civil se pudo acreditar que los investigados incumplieron gravemente las obligaciones de administración fiduciaria, beneficiándose personalmente del patrimonio de la víctima. Finalmente, según han informado desde la Guardia Civil, la gestión de los bienes de la víctima ha sido encomendada a una fundación pública de apoyo a personas con discapacidad, garantizando así la protección de su patrimonio.

El responsable de la investigación valoraba la colaboración entre las partes a la hora de esclarecer lo ocurrido. También reflexionaba sobre la concesión de esos poderes notariales. “Habría que incluir alguna cláusula en los documentos advirtiendo a los implicados que administrar de mala fe ese patrimonio supone incurrir en un delito”.