La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que en 2024 se realizaron 79 expedientes sancionadores en relación con la Renta Garantizada, trece más que en 2023.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el Grupo Mixto (Vox) en el pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha incidido en que en 2024 "se han aumentado los procedimientos de control y seguimiento", situándose en los 30.894.

"Todos esos procedimientos no son únicamente porque la gente incumple. Tampoco proceden únicamente de los procedimientos sancionadores, sino que obedecen a la concurrencia de muchas circunstancias, entre otras, que la Renta Garantizada es una prestación viva, que cambian las circunstancias personales de las personas, que, además, en el caso de Navarra, hay personas que tienen las dos prestaciones y, por tanto, hay cambios que hay que ajustar, porque se producen modificaciones también en sus circunstancias vitales y también en sus circunstancias laborales", ha manifestado.

En concreto, "hemos realizado 30.894 procedimientos de control y seguimiento, un 10% más que en 2023 y, como consecuencia, se han realizado 3.953 extinciones de la prestación, 21.853 modificaciones de los importes y 3.637 suspensiones y se han impuesto 79 sanciones".

En los últimos años, ha dicho, "ha habido un notable incremento de estos procedimientos de control, pasando de 12.000 en 2018 a 30.000". Además, "se han incrementado los procedimientos de reintegro, 140 más que el año pasado" y, en relación al informe de la Cámara de Comptos en torno a los reintegros que estaban pendientes, "de esos 9.964.415 de euros de deuda reconocida, ya se han recuperado, a 31 de diciembre, 8.654.190,97 euros". El resto, ha comentado, "están en vías de recaudación por pagos fraccionados".

"Tenemos un sistema de prestaciones que da cobertura y protección a las personas más vulnerables y necesitamos mejorarlo, entre otras cosas, precisamente para evitar toda esta carga administrativa", ha manifestado, tras considerar "lamentable" que "Vox esté lleno de prejuicios contra tanta gente, también contra los perceptores de la Renta Garantizada".

Por su parte, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha criticado que el informe de Comptos refleja un "descontrol demoledor", fundamentalmente ante "los incumplimientos de requisitos para recibir las ayudas". En este sentido, ha considerado que Maeztu y su departamento "tienen responsabilidades por el descontrol y la no comprobación constante de los requisitos para recibir esas ayudas".

"No nos agrada desde Vox pedir su cese, pero lo vamos a hacer por lo siguiente: descontrol absoluto -y no lo digo yo, lo dice la Cámara de Comptos-, desidia, negligencia en el cuidado de los fondos públicos", ha dicho Jiménez, que ha anunciado que "vamos a pedir incluso una comisión de investigación, porque estamos hablando de muchos millones".

A este respecto, la consejera ha trasladado a Jiménez que "si, como dice, cometemos irregularidades, usted tiene la obligación de ir a los tribunales y denunciarlo, si es así, y no sembrar la duda sobre nuestro incumplimiento de las normas".